Los inmigrantes se benefician indebidamente de las leyes sociales favorables. No hay nada más falso. Los inmigrantes que trabajan legalmente en España cotizan a los sistemas de Seguridad Social y de pensiones. El hecho de que perciban los derechos vinculados a estas cotizaciones es simplemente de justicia, ¡al menos si se acepta la idea de que España es un Estado de derecho que rechaza la esclavitud!
Por otro lado, resulta evidente que su contribución al sistema de pensiones favorece ante todo a los españoles y supone una ayuda decisiva para el mantenimiento de las mismas. Aquí, la aportación de los inmigrantes es un beneficio absoluto para España. En efecto, la contribución de las nuevas generaciones a la jubilación de las anteriores se ve compensada por el hecho de que estas últimas han cotizado para la formación, la educación y el nivel de vida de las jóvenes generaciones. Pero los inmigrantes vienen del extranjero, ya son adultos y el coste de su educación ha sido soportado enteramente por su país de origen, por muy pobre que sea. Representan, por lo tanto, un beneficio neto para el contribuyente español y una pérdida completa para el país de origen.
No es casualidad que el debate actual sobre la jubilación en Europa también gire alrededor de la cuestión de saber si hay que 'importar' o no trabajadores extranjeros para cubrir la tendencia a la baja del crecimiento demográfico y, de esta manera, mantener un ni
vel de vida decente de cara a la jubilación. Lo que es muy probable es que Europa necesite hacer venir a decenas de millones de trabajadores jóvenes para hacer frente a este desafío. Ningún responsable político serio se atreverá a creer que en Europa los fondos privados de pensiones y el ahorro salarial pueden sustituir, de forma significativa, a la jubilación por reparto.
Por último, es cierto que los inmigrantes que trabajan en la clandestinidad no cotizan, pero tampoco disfrutan de protección social. No están en modo alguno a cargo de la sociedad, lo que, por otro lado, es un insulto para el respeto mínimo de los derechos humanos. Conocemos la situación dramática de los trabajadores clandestinos del sur de España: les es casi imposible disponer de un techo, y en cuanto a solicitar tratamiento, se arriesgan a ser expulsados. Ni siquiera se benefician del derecho de 'asistencia a la persona en peligro'. Es una situación escandalosa. El que los inmigrantes sobreexplotados y mantenidos conscientemente en la ilegalidad ni siquiera tengan el derecho a manifestarse, a hacer huelga, sitúa a España, con su Ley de Extranjería, muy por detrás de los demás países europeos en materia del respeto de los derechos.
Por otro lado, resulta evidente que su contribución al sistema de pensiones favorece ante todo a los españoles y supone una ayuda decisiva para el mantenimiento de las mismas. Aquí, la aportación de los inmigrantes es un beneficio absoluto para España. En efecto, la contribución de las nuevas generaciones a la jubilación de las anteriores se ve compensada por el hecho de que estas últimas han cotizado para la formación, la educación y el nivel de vida de las jóvenes generaciones. Pero los inmigrantes vienen del extranjero, ya son adultos y el coste de su educación ha sido soportado enteramente por su país de origen, por muy pobre que sea. Representan, por lo tanto, un beneficio neto para el contribuyente español y una pérdida completa para el país de origen.
No es casualidad que el debate actual sobre la jubilación en Europa también gire alrededor de la cuestión de saber si hay que 'importar' o no trabajadores extranjeros para cubrir la tendencia a la baja del crecimiento demográfico y, de esta manera, mantener un ni
vel de vida decente de cara a la jubilación. Lo que es muy probable es que Europa necesite hacer venir a decenas de millones de trabajadores jóvenes para hacer frente a este desafío. Ningún responsable político serio se atreverá a creer que en Europa los fondos privados de pensiones y el ahorro salarial pueden sustituir, de forma significativa, a la jubilación por reparto.
Por último, es cierto que los inmigrantes que trabajan en la clandestinidad no cotizan, pero tampoco disfrutan de protección social. No están en modo alguno a cargo de la sociedad, lo que, por otro lado, es un insulto para el respeto mínimo de los derechos humanos. Conocemos la situación dramática de los trabajadores clandestinos del sur de España: les es casi imposible disponer de un techo, y en cuanto a solicitar tratamiento, se arriesgan a ser expulsados. Ni siquiera se benefician del derecho de 'asistencia a la persona en peligro'. Es una situación escandalosa. El que los inmigrantes sobreexplotados y mantenidos conscientemente en la ilegalidad ni siquiera tengan el derecho a manifestarse, a hacer huelga, sitúa a España, con su Ley de Extranjería, muy por detrás de los demás países europeos en materia del respeto de los derechos.
Samir Naïr es eurodiputado y profesor invitado de la Universidad Carlos III
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