El Ministerio del Interior pondrá en marcha este otoño la nueva Brigada de Expulsiones de Delincuentes Extranjeros (BEDEX) que se encargará de repatriar a sus países de origen a aquellos delincuentes extranjeros reincidentes y especialmente violentos.
Lo ha anunciado el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, en una comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso en la que ha dado cuenta de las líneas generales de su departamento.
Camacho ha explicado que el objetivo de la nueva brigada será contribuir a la disminución de la "alarma social" que provocan determinados hechos violentos llevados a cabo por delincuentes extranjeros.
La nueva brigada, que dependerá de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, se encargará de perseguir y, en su caso, expulsar del país -siempre con autorización judicial- a delincuentes de origen extranjero, ya sean terroristas, integrantes de bandas organizadas, o implicados en delitos de violencia doméstica.
La unidad acentuará las llamadas "repatriaciones cualificadas", es decir, la de aquellos individuos que dada su condición de multireincidentes o por su agresividad provocan un "efecto negativo" para el resto de ciudadanos que residen en España.
Fuente: Efe
La UE controlará los flujos migratorios. Sólo aceptará mano de obra cualificada
No corren buenos tiempos en Europa para aquellos ciudadanos lationamericanos, asiáticos o africanos que busquen trabajo en el Viejo Continente.
La Unión Europea ha aprobado el denominado Pacto Europeo de Inmigración y Asilo presentado por Francia para controlar mejor los flujos migratorios y ha avanzado en la creación de una Tarjeta azul para facilitar la llegada de mano de obra calificada de terceros países al bloque.
Los ministros europeos del Interior e Inmigración dieron su respaldo a la versión definitiva del Pacto, cuyas líneas generales ya había recibido el apoyo de los 27 miembros de la UE en julio pasado en Cannes (sur de Francia).
"El Pacto acordado da respuesta a la posición que ha venido defendiendo España: control de los flujos migratorios, cooperación y colaboración con los países de origen y, finalmente, integración en el desarrollo de nuestras sociedades", indicó el ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en conferencia de prensa.
"El Pacto es un recordatorio de un cierto número de principios: organiza la inmigración legal, desorganiza la inmigración ilegal y vuelve a Europa más protectora de cara a aquellos que no son protegidos en sus países", afirmó, por su parte, el ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, cuyo país ejerce la presidencia de la UE.
Los objetivos de la iniciativa son instaurar reglas comunes para regular la inmigración laboral, reforzar los controles en las fronteras del bloque, facilitar el regreso a sus países de origen a quienes hayan logrado entrar en Europa y armonizar las exigencias para las peticiones de asilo.
En cuanto a los puntos más polémicos, el referido a las regularizaciones de clandestinos fue levemente flexibilizado para admitir los casos por razones económicas, y la idea de un "contrato de integración" con obligación de aprender la lengua del país de recepción fue retirada.
Durante la reunión, los ministros de los 27 dieron, por otra parte, un paso importante hacia la aprobación de la denominada Tarjeta azul, inspirada en la Green Card estadounidense para promover la llegada a la UE de personal "altamente cualificado".
Para obtener esta Tarjeta azul, los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos, como tener un diploma universitario de tres años o experiencia profesional de cinco años en un sector, así como asegurarse ganar un salario que represente el 50% más del ingreso medio del país en el cual pretenden trabajar.
Ante las críticas por la posible "fuga de cerebros" a la que podría dar lugar esta iniciativa, los 27 incluirían un artículo que prevé que "los Estados miembros deben abstenerse de buscar la contratación activa en los países en vías de desarrollo en los sectores que sufren carencias de recursos humanos".
"Si se llega a determinar que hay un país que tiene carencias de médicos, no parece razonable que vayamos ahí a contratar todos los médicos que necesitemos", explicó Corbacho.
De todos modos, aún quedan cuestiones por resolver, como la reticencia de los países del Este a la entrada de vigencia de esa iniciativa mientras sigan existiendo restricciones de acceso de sus trabajadores a los mercados laborales de los 'viejos' miembros de la UE.
El pacto y la Tarjeta Azul se enmarcan en un paquete de medidas de la UE para controlar mejor sus flujos migratorios. La medida más polémica es la 'Directiva Retorno', que armoniza las condiciones de expulsión de los inmigrantes ilegales en Europa con periodos de retención de hasta 18 meses.
Esta legislación ha provocado una reacción de protesta unánime en América Latina, la última de ellas manifestada mediante una declaración suscrita por los gobiernos de los once países de Sudamérica el pasado viernes en Montevideo.
La Unión Europea ha aprobado el denominado Pacto Europeo de Inmigración y Asilo presentado por Francia para controlar mejor los flujos migratorios y ha avanzado en la creación de una Tarjeta azul para facilitar la llegada de mano de obra calificada de terceros países al bloque.
Los ministros europeos del Interior e Inmigración dieron su respaldo a la versión definitiva del Pacto, cuyas líneas generales ya había recibido el apoyo de los 27 miembros de la UE en julio pasado en Cannes (sur de Francia).
"El Pacto acordado da respuesta a la posición que ha venido defendiendo España: control de los flujos migratorios, cooperación y colaboración con los países de origen y, finalmente, integración en el desarrollo de nuestras sociedades", indicó el ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en conferencia de prensa.
"El Pacto es un recordatorio de un cierto número de principios: organiza la inmigración legal, desorganiza la inmigración ilegal y vuelve a Europa más protectora de cara a aquellos que no son protegidos en sus países", afirmó, por su parte, el ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, cuyo país ejerce la presidencia de la UE.
Los objetivos de la iniciativa son instaurar reglas comunes para regular la inmigración laboral, reforzar los controles en las fronteras del bloque, facilitar el regreso a sus países de origen a quienes hayan logrado entrar en Europa y armonizar las exigencias para las peticiones de asilo.
En cuanto a los puntos más polémicos, el referido a las regularizaciones de clandestinos fue levemente flexibilizado para admitir los casos por razones económicas, y la idea de un "contrato de integración" con obligación de aprender la lengua del país de recepción fue retirada.
Durante la reunión, los ministros de los 27 dieron, por otra parte, un paso importante hacia la aprobación de la denominada Tarjeta azul, inspirada en la Green Card estadounidense para promover la llegada a la UE de personal "altamente cualificado".
Para obtener esta Tarjeta azul, los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos, como tener un diploma universitario de tres años o experiencia profesional de cinco años en un sector, así como asegurarse ganar un salario que represente el 50% más del ingreso medio del país en el cual pretenden trabajar.
Ante las críticas por la posible "fuga de cerebros" a la que podría dar lugar esta iniciativa, los 27 incluirían un artículo que prevé que "los Estados miembros deben abstenerse de buscar la contratación activa en los países en vías de desarrollo en los sectores que sufren carencias de recursos humanos".
"Si se llega a determinar que hay un país que tiene carencias de médicos, no parece razonable que vayamos ahí a contratar todos los médicos que necesitemos", explicó Corbacho.
De todos modos, aún quedan cuestiones por resolver, como la reticencia de los países del Este a la entrada de vigencia de esa iniciativa mientras sigan existiendo restricciones de acceso de sus trabajadores a los mercados laborales de los 'viejos' miembros de la UE.
El pacto y la Tarjeta Azul se enmarcan en un paquete de medidas de la UE para controlar mejor sus flujos migratorios. La medida más polémica es la 'Directiva Retorno', que armoniza las condiciones de expulsión de los inmigrantes ilegales en Europa con periodos de retención de hasta 18 meses.
Esta legislación ha provocado una reacción de protesta unánime en América Latina, la última de ellas manifestada mediante una declaración suscrita por los gobiernos de los once países de Sudamérica el pasado viernes en Montevideo.
Los rumanos ven España como un paraíso laboral y un país de futuro
Los inmigrantes rumanos componen la comunidad extranjera más numerosa en España, por delante de marroquíes y ecuatorianos. Más de 700.000 personas han llegado en los últimos años desde ese país del Este, recién incorporado a la Unión Europea, con el fin de mejorar su nivel de vida y encontrar un empleo bien remunerado. Sin embargo, este colectivo, pese a su relevancia numérica y su importante contribución al crecimiento económico reciente, goza en el mejor de los casos de un considerable anonimato. Eso, cuando no se da el caso de que su presencia se ligue a tópicos malintencionados.
Pero la realidad es bien distinta. La mayor parte de los rumanos ha venido para trabajar y quedarse en España. Ven este país como un lugar de oportunidades para establecerse a largo plazo y no solamente como una estancia transitoria para hacer negocio y volver con los bolsillos llenos a Rumanía.
Los estudios y diferentes estadísticas laborales ponen de manifiesto que su cualificación y su posición laboral superan de forma considerable la media del resto de los inmigrantes llegados desde Latinomérica o África. La mayoría llegan para desempeñar trabajos rechazados por los españoles, pero rápidamente consiguen ascensos que les convierten en directores de hotel, capataces o personal sanitario con responsabilidades.
En las listas de afiliación en la Seguridad Social están inscritos un total de 257.377 rumanos, el 12% de los 2.128.384 cotizantes extranjeros que figuraban en el sistema hasta el segundo semestre.
Razones para no volver
Los rumanos que viven en España no se muestran dispuestos a regresar a su país. Ni los generosos Fondos de Cohesión, que modernizarán las infraestructuras y modelos productivos de este nuevo socio europeo, les resultan lo suficientemente atractivos como para emprender el viaje de vuelta.
Tampoco las oportunidades de trabajo que el propio Gobierno rumano está ofreciendo: una opción de retorno que recolocaría a los inmigrantes —especialmente los asentados en Italia y España— en puestos de funcionarios en las oficinas y servicio administrativos rumanos. Las cerca de 11.000 plazas que se ofrecieron no llegaron a cubrirse.
Un estudio en fase de elaboración de la Universidad Rey Juan Carlos I, dirigido por Ramón Tamames, evidencia que los rumanos cuentan con más posibilidades de echar raíces en España que en otros países de la Unión Europea por diferentes motivos: la adquisición de una vivienda y los salarios (que llegan a multiplicar por cinco o seis los de origen), entre otras razones, hacen que el regreso sea improbable. El 14% tiene vivienda propia en España (frente al 8% en Italia). Sus ingresos medios superan los 1.200 euros cuando en otros países no alcanzan los 1.000. Mientras, uno de cada tres tiene inquietudes empresariales y prevé poner en marcha un negocio (en la Unión Europea este porcentaje no alcanza ni el 25%).
El mismo informe pone de manifiesto que los ciudadanos rumanos asumirán mejor los efectos de la crisis que los españoles, entre ellos el paro. Las previsiones de ocupabilidad, aún con una situación económica adversa, son mucho más altas – del 80%– para estos inmigrantes respecto al 64% de los españoles.
Choque
Toda esta realidad choca, en cambio, con los deseos expresados tanto por los responsables del Gobierno rumano, que a través de incentivos pretende que los rumanos en España regresen a su país, como del Ejecutivo español.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se ha mostrado en numerosas ocasiones confiado en una mejora económica de Rumanía, que suponga el retorno de muchos de sus ciudadanos.
Pero no existe nada más lejos de la realidad actual. Junto a esto, el Plan de Retorno del Gobierno poco va a favorecer el regreso de este colectivo, puesto que ni siquiera se ha suscrito un convenio al respecto con esta nación europea.
Una campaña para mejorar la imagen en plena crisis
El Gobierno de Rumanía acaba de poner en marcha una campaña en diferentes medios de comunicación bajo el lema “Soy rumano. Juntos formamos un buen equipo”. En ella se presenta a un elenco de profesionales, dedicados a diferentes actividades, que participan de forma efectiva en la sociedad española.
La campaña pretende ir más allá del plano laboral, destacando las analogías existentes entre ambos países para descubrir nuevos valores que faciliten la integración entre ciudadanos de la Unión.
Sin embargo, las razones de esta campaña de imagen van más lejos: su intención última es limar asperezas y mejorar la idea que tienen los españoles de los rumanos. En comparación con Italia, donde se han puesto en marcha medidas para fichar y proceder a la repatriación de rumanos, especialmente de etnia gitana, España se considera un país “tolerante”.
Con todo, los responsables de la campaña (de Saatchi & Saatchi) reconocen que en los momentos de crisis es cuando el debate acerca de la idoneidad de la presencia de inmigrantes se hace más presente. Por este motivo, han orientado el fin de los mensajes hacia la puesta en valor de las virtudes y erradicar los estereotipos que pesan sobre este colectivo, habitualmente ligados a la delincuencia.
La campaña está centrada, principalmente, en spots publicitarios en medios de comunicación. Asimismo, se concertarán entrevistas con empresarios para acercar el tejido económico y social y la elaboración de un estudio económico por la Universidad Rey Juan Carlos y dirigido por el catedrático de Economía, Ramón Tamames. Las conclusiones de este estudio se harán públicas el 27 de octubre.
Por último, el actor y director español, Carlos Iglesias está finalizando la producción de un documental que ilustra el perfil de la inmigración rumana en España. La campaña servirá como piloto para su futura aplicación en otros países de la Unión Europea.
Información elaborada por Enrique Morales y M. L. Nalda en LA GACETA de los NEGOCIOS
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