El Ministerio del Interior pondrá en marcha este otoño la nueva Brigada de Expulsiones de Delincuentes Extranjeros (BEDEX) que se encargará de repatriar a sus países de origen a aquellos delincuentes extranjeros reincidentes y especialmente violentos.
Lo ha anunciado el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, en una comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso en la que ha dado cuenta de las líneas generales de su departamento.
Camacho ha explicado que el objetivo de la nueva brigada será contribuir a la disminución de la "alarma social" que provocan determinados hechos violentos llevados a cabo por delincuentes extranjeros.
La nueva brigada, que dependerá de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, se encargará de perseguir y, en su caso, expulsar del país -siempre con autorización judicial- a delincuentes de origen extranjero, ya sean terroristas, integrantes de bandas organizadas, o implicados en delitos de violencia doméstica.
La unidad acentuará las llamadas "repatriaciones cualificadas", es decir, la de aquellos individuos que dada su condición de multireincidentes o por su agresividad provocan un "efecto negativo" para el resto de ciudadanos que residen en España.
Fuente: Efe
La UE controlará los flujos migratorios. Sólo aceptará mano de obra cualificada
No corren buenos tiempos en Europa para aquellos ciudadanos lationamericanos, asiáticos o africanos que busquen trabajo en el Viejo Continente.
La Unión Europea ha aprobado el denominado Pacto Europeo de Inmigración y Asilo presentado por Francia para controlar mejor los flujos migratorios y ha avanzado en la creación de una Tarjeta azul para facilitar la llegada de mano de obra calificada de terceros países al bloque.
Los ministros europeos del Interior e Inmigración dieron su respaldo a la versión definitiva del Pacto, cuyas líneas generales ya había recibido el apoyo de los 27 miembros de la UE en julio pasado en Cannes (sur de Francia).
"El Pacto acordado da respuesta a la posición que ha venido defendiendo España: control de los flujos migratorios, cooperación y colaboración con los países de origen y, finalmente, integración en el desarrollo de nuestras sociedades", indicó el ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en conferencia de prensa.
"El Pacto es un recordatorio de un cierto número de principios: organiza la inmigración legal, desorganiza la inmigración ilegal y vuelve a Europa más protectora de cara a aquellos que no son protegidos en sus países", afirmó, por su parte, el ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, cuyo país ejerce la presidencia de la UE.
Los objetivos de la iniciativa son instaurar reglas comunes para regular la inmigración laboral, reforzar los controles en las fronteras del bloque, facilitar el regreso a sus países de origen a quienes hayan logrado entrar en Europa y armonizar las exigencias para las peticiones de asilo.
En cuanto a los puntos más polémicos, el referido a las regularizaciones de clandestinos fue levemente flexibilizado para admitir los casos por razones económicas, y la idea de un "contrato de integración" con obligación de aprender la lengua del país de recepción fue retirada.
Durante la reunión, los ministros de los 27 dieron, por otra parte, un paso importante hacia la aprobación de la denominada Tarjeta azul, inspirada en la Green Card estadounidense para promover la llegada a la UE de personal "altamente cualificado".
Para obtener esta Tarjeta azul, los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos, como tener un diploma universitario de tres años o experiencia profesional de cinco años en un sector, así como asegurarse ganar un salario que represente el 50% más del ingreso medio del país en el cual pretenden trabajar.
Ante las críticas por la posible "fuga de cerebros" a la que podría dar lugar esta iniciativa, los 27 incluirían un artículo que prevé que "los Estados miembros deben abstenerse de buscar la contratación activa en los países en vías de desarrollo en los sectores que sufren carencias de recursos humanos".
"Si se llega a determinar que hay un país que tiene carencias de médicos, no parece razonable que vayamos ahí a contratar todos los médicos que necesitemos", explicó Corbacho.
De todos modos, aún quedan cuestiones por resolver, como la reticencia de los países del Este a la entrada de vigencia de esa iniciativa mientras sigan existiendo restricciones de acceso de sus trabajadores a los mercados laborales de los 'viejos' miembros de la UE.
El pacto y la Tarjeta Azul se enmarcan en un paquete de medidas de la UE para controlar mejor sus flujos migratorios. La medida más polémica es la 'Directiva Retorno', que armoniza las condiciones de expulsión de los inmigrantes ilegales en Europa con periodos de retención de hasta 18 meses.
Esta legislación ha provocado una reacción de protesta unánime en América Latina, la última de ellas manifestada mediante una declaración suscrita por los gobiernos de los once países de Sudamérica el pasado viernes en Montevideo.
La Unión Europea ha aprobado el denominado Pacto Europeo de Inmigración y Asilo presentado por Francia para controlar mejor los flujos migratorios y ha avanzado en la creación de una Tarjeta azul para facilitar la llegada de mano de obra calificada de terceros países al bloque.
Los ministros europeos del Interior e Inmigración dieron su respaldo a la versión definitiva del Pacto, cuyas líneas generales ya había recibido el apoyo de los 27 miembros de la UE en julio pasado en Cannes (sur de Francia).
"El Pacto acordado da respuesta a la posición que ha venido defendiendo España: control de los flujos migratorios, cooperación y colaboración con los países de origen y, finalmente, integración en el desarrollo de nuestras sociedades", indicó el ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en conferencia de prensa.
"El Pacto es un recordatorio de un cierto número de principios: organiza la inmigración legal, desorganiza la inmigración ilegal y vuelve a Europa más protectora de cara a aquellos que no son protegidos en sus países", afirmó, por su parte, el ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, cuyo país ejerce la presidencia de la UE.
Los objetivos de la iniciativa son instaurar reglas comunes para regular la inmigración laboral, reforzar los controles en las fronteras del bloque, facilitar el regreso a sus países de origen a quienes hayan logrado entrar en Europa y armonizar las exigencias para las peticiones de asilo.
En cuanto a los puntos más polémicos, el referido a las regularizaciones de clandestinos fue levemente flexibilizado para admitir los casos por razones económicas, y la idea de un "contrato de integración" con obligación de aprender la lengua del país de recepción fue retirada.
Durante la reunión, los ministros de los 27 dieron, por otra parte, un paso importante hacia la aprobación de la denominada Tarjeta azul, inspirada en la Green Card estadounidense para promover la llegada a la UE de personal "altamente cualificado".
Para obtener esta Tarjeta azul, los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos, como tener un diploma universitario de tres años o experiencia profesional de cinco años en un sector, así como asegurarse ganar un salario que represente el 50% más del ingreso medio del país en el cual pretenden trabajar.
Ante las críticas por la posible "fuga de cerebros" a la que podría dar lugar esta iniciativa, los 27 incluirían un artículo que prevé que "los Estados miembros deben abstenerse de buscar la contratación activa en los países en vías de desarrollo en los sectores que sufren carencias de recursos humanos".
"Si se llega a determinar que hay un país que tiene carencias de médicos, no parece razonable que vayamos ahí a contratar todos los médicos que necesitemos", explicó Corbacho.
De todos modos, aún quedan cuestiones por resolver, como la reticencia de los países del Este a la entrada de vigencia de esa iniciativa mientras sigan existiendo restricciones de acceso de sus trabajadores a los mercados laborales de los 'viejos' miembros de la UE.
El pacto y la Tarjeta Azul se enmarcan en un paquete de medidas de la UE para controlar mejor sus flujos migratorios. La medida más polémica es la 'Directiva Retorno', que armoniza las condiciones de expulsión de los inmigrantes ilegales en Europa con periodos de retención de hasta 18 meses.
Esta legislación ha provocado una reacción de protesta unánime en América Latina, la última de ellas manifestada mediante una declaración suscrita por los gobiernos de los once países de Sudamérica el pasado viernes en Montevideo.
Los rumanos ven España como un paraíso laboral y un país de futuro
Información elaborada por Enrique Morales y M. L. Nalda en LA GACETA de los NEGOCIOS
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