El Ministerio del Interior pondrá en marcha este otoño la nueva Brigada de Expulsiones de Delincuentes Extranjeros (BEDEX) que se encargará de repatriar a sus países de origen a aquellos delincuentes extranjeros reincidentes y especialmente violentos.
Lo ha anunciado el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, en una comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso en la que ha dado cuenta de las líneas generales de su departamento.
Camacho ha explicado que el objetivo de la nueva brigada será contribuir a la disminución de la "alarma social" que provocan determinados hechos violentos llevados a cabo por delincuentes extranjeros.
La nueva brigada, que dependerá de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, se encargará de perseguir y, en su caso, expulsar del país -siempre con autorización judicial- a delincuentes de origen extranjero, ya sean terroristas, integrantes de bandas organizadas, o implicados en delitos de violencia doméstica.
La unidad acentuará las llamadas "repatriaciones cualificadas", es decir, la de aquellos individuos que dada su condición de multireincidentes o por su agresividad provocan un "efecto negativo" para el resto de ciudadanos que residen en España.
Fuente: Efe
La UE controlará los flujos migratorios. Sólo aceptará mano de obra cualificada
No corren buenos tiempos en Europa para aquellos ciudadanos lationamericanos, asiáticos o africanos que busquen trabajo en el Viejo Continente.
La Unión Europea ha aprobado el denominado Pacto Europeo de Inmigración y Asilo presentado por Francia para controlar mejor los flujos migratorios y ha avanzado en la creación de una Tarjeta azul para facilitar la llegada de mano de obra calificada de terceros países al bloque.
Los ministros europeos del Interior e Inmigración dieron su respaldo a la versión definitiva del Pacto, cuyas líneas generales ya había recibido el apoyo de los 27 miembros de la UE en julio pasado en Cannes (sur de Francia).
"El Pacto acordado da respuesta a la posición que ha venido defendiendo España: control de los flujos migratorios, cooperación y colaboración con los países de origen y, finalmente, integración en el desarrollo de nuestras sociedades", indicó el ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en conferencia de prensa.
"El Pacto es un recordatorio de un cierto número de principios: organiza la inmigración legal, desorganiza la inmigración ilegal y vuelve a Europa más protectora de cara a aquellos que no son protegidos en sus países", afirmó, por su parte, el ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, cuyo país ejerce la presidencia de la UE.
Los objetivos de la iniciativa son instaurar reglas comunes para regular la inmigración laboral, reforzar los controles en las fronteras del bloque, facilitar el regreso a sus países de origen a quienes hayan logrado entrar en Europa y armonizar las exigencias para las peticiones de asilo.
En cuanto a los puntos más polémicos, el referido a las regularizaciones de clandestinos fue levemente flexibilizado para admitir los casos por razones económicas, y la idea de un "contrato de integración" con obligación de aprender la lengua del país de recepción fue retirada.
Durante la reunión, los ministros de los 27 dieron, por otra parte, un paso importante hacia la aprobación de la denominada Tarjeta azul, inspirada en la Green Card estadounidense para promover la llegada a la UE de personal "altamente cualificado".
Para obtener esta Tarjeta azul, los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos, como tener un diploma universitario de tres años o experiencia profesional de cinco años en un sector, así como asegurarse ganar un salario que represente el 50% más del ingreso medio del país en el cual pretenden trabajar.
Ante las críticas por la posible "fuga de cerebros" a la que podría dar lugar esta iniciativa, los 27 incluirían un artículo que prevé que "los Estados miembros deben abstenerse de buscar la contratación activa en los países en vías de desarrollo en los sectores que sufren carencias de recursos humanos".
"Si se llega a determinar que hay un país que tiene carencias de médicos, no parece razonable que vayamos ahí a contratar todos los médicos que necesitemos", explicó Corbacho.
De todos modos, aún quedan cuestiones por resolver, como la reticencia de los países del Este a la entrada de vigencia de esa iniciativa mientras sigan existiendo restricciones de acceso de sus trabajadores a los mercados laborales de los 'viejos' miembros de la UE.
El pacto y la Tarjeta Azul se enmarcan en un paquete de medidas de la UE para controlar mejor sus flujos migratorios. La medida más polémica es la 'Directiva Retorno', que armoniza las condiciones de expulsión de los inmigrantes ilegales en Europa con periodos de retención de hasta 18 meses.
Esta legislación ha provocado una reacción de protesta unánime en América Latina, la última de ellas manifestada mediante una declaración suscrita por los gobiernos de los once países de Sudamérica el pasado viernes en Montevideo.
La Unión Europea ha aprobado el denominado Pacto Europeo de Inmigración y Asilo presentado por Francia para controlar mejor los flujos migratorios y ha avanzado en la creación de una Tarjeta azul para facilitar la llegada de mano de obra calificada de terceros países al bloque.
Los ministros europeos del Interior e Inmigración dieron su respaldo a la versión definitiva del Pacto, cuyas líneas generales ya había recibido el apoyo de los 27 miembros de la UE en julio pasado en Cannes (sur de Francia).
"El Pacto acordado da respuesta a la posición que ha venido defendiendo España: control de los flujos migratorios, cooperación y colaboración con los países de origen y, finalmente, integración en el desarrollo de nuestras sociedades", indicó el ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en conferencia de prensa.
"El Pacto es un recordatorio de un cierto número de principios: organiza la inmigración legal, desorganiza la inmigración ilegal y vuelve a Europa más protectora de cara a aquellos que no son protegidos en sus países", afirmó, por su parte, el ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, cuyo país ejerce la presidencia de la UE.
Los objetivos de la iniciativa son instaurar reglas comunes para regular la inmigración laboral, reforzar los controles en las fronteras del bloque, facilitar el regreso a sus países de origen a quienes hayan logrado entrar en Europa y armonizar las exigencias para las peticiones de asilo.
En cuanto a los puntos más polémicos, el referido a las regularizaciones de clandestinos fue levemente flexibilizado para admitir los casos por razones económicas, y la idea de un "contrato de integración" con obligación de aprender la lengua del país de recepción fue retirada.
Durante la reunión, los ministros de los 27 dieron, por otra parte, un paso importante hacia la aprobación de la denominada Tarjeta azul, inspirada en la Green Card estadounidense para promover la llegada a la UE de personal "altamente cualificado".
Para obtener esta Tarjeta azul, los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos, como tener un diploma universitario de tres años o experiencia profesional de cinco años en un sector, así como asegurarse ganar un salario que represente el 50% más del ingreso medio del país en el cual pretenden trabajar.
Ante las críticas por la posible "fuga de cerebros" a la que podría dar lugar esta iniciativa, los 27 incluirían un artículo que prevé que "los Estados miembros deben abstenerse de buscar la contratación activa en los países en vías de desarrollo en los sectores que sufren carencias de recursos humanos".
"Si se llega a determinar que hay un país que tiene carencias de médicos, no parece razonable que vayamos ahí a contratar todos los médicos que necesitemos", explicó Corbacho.
De todos modos, aún quedan cuestiones por resolver, como la reticencia de los países del Este a la entrada de vigencia de esa iniciativa mientras sigan existiendo restricciones de acceso de sus trabajadores a los mercados laborales de los 'viejos' miembros de la UE.
El pacto y la Tarjeta Azul se enmarcan en un paquete de medidas de la UE para controlar mejor sus flujos migratorios. La medida más polémica es la 'Directiva Retorno', que armoniza las condiciones de expulsión de los inmigrantes ilegales en Europa con periodos de retención de hasta 18 meses.
Esta legislación ha provocado una reacción de protesta unánime en América Latina, la última de ellas manifestada mediante una declaración suscrita por los gobiernos de los once países de Sudamérica el pasado viernes en Montevideo.
Los rumanos ven España como un paraíso laboral y un país de futuro
Los inmigrantes rumanos componen la comunidad extranjera más numerosa en España, por delante de marroquíes y ecuatorianos. Más de 700.000 personas han llegado en los últimos años desde ese país del Este, recién incorporado a la Unión Europea, con el fin de mejorar su nivel de vida y encontrar un empleo bien remunerado. Sin embargo, este colectivo, pese a su relevancia numérica y su importante contribución al crecimiento económico reciente, goza en el mejor de los casos de un considerable anonimato. Eso, cuando no se da el caso de que su presencia se ligue a tópicos malintencionados.
Pero la realidad es bien distinta. La mayor parte de los rumanos ha venido para trabajar y quedarse en España. Ven este país como un lugar de oportunidades para establecerse a largo plazo y no solamente como una estancia transitoria para hacer negocio y volver con los bolsillos llenos a Rumanía.
Los estudios y diferentes estadísticas laborales ponen de manifiesto que su cualificación y su posición laboral superan de forma considerable la media del resto de los inmigrantes llegados desde Latinomérica o África. La mayoría llegan para desempeñar trabajos rechazados por los españoles, pero rápidamente consiguen ascensos que les convierten en directores de hotel, capataces o personal sanitario con responsabilidades.
En las listas de afiliación en la Seguridad Social están inscritos un total de 257.377 rumanos, el 12% de los 2.128.384 cotizantes extranjeros que figuraban en el sistema hasta el segundo semestre.
Razones para no volver
Los rumanos que viven en España no se muestran dispuestos a regresar a su país. Ni los generosos Fondos de Cohesión, que modernizarán las infraestructuras y modelos productivos de este nuevo socio europeo, les resultan lo suficientemente atractivos como para emprender el viaje de vuelta.
Tampoco las oportunidades de trabajo que el propio Gobierno rumano está ofreciendo: una opción de retorno que recolocaría a los inmigrantes —especialmente los asentados en Italia y España— en puestos de funcionarios en las oficinas y servicio administrativos rumanos. Las cerca de 11.000 plazas que se ofrecieron no llegaron a cubrirse.
Un estudio en fase de elaboración de la Universidad Rey Juan Carlos I, dirigido por Ramón Tamames, evidencia que los rumanos cuentan con más posibilidades de echar raíces en España que en otros países de la Unión Europea por diferentes motivos: la adquisición de una vivienda y los salarios (que llegan a multiplicar por cinco o seis los de origen), entre otras razones, hacen que el regreso sea improbable. El 14% tiene vivienda propia en España (frente al 8% en Italia). Sus ingresos medios superan los 1.200 euros cuando en otros países no alcanzan los 1.000. Mientras, uno de cada tres tiene inquietudes empresariales y prevé poner en marcha un negocio (en la Unión Europea este porcentaje no alcanza ni el 25%).
El mismo informe pone de manifiesto que los ciudadanos rumanos asumirán mejor los efectos de la crisis que los españoles, entre ellos el paro. Las previsiones de ocupabilidad, aún con una situación económica adversa, son mucho más altas – del 80%– para estos inmigrantes respecto al 64% de los españoles.
Choque
Toda esta realidad choca, en cambio, con los deseos expresados tanto por los responsables del Gobierno rumano, que a través de incentivos pretende que los rumanos en España regresen a su país, como del Ejecutivo español.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se ha mostrado en numerosas ocasiones confiado en una mejora económica de Rumanía, que suponga el retorno de muchos de sus ciudadanos.
Pero no existe nada más lejos de la realidad actual. Junto a esto, el Plan de Retorno del Gobierno poco va a favorecer el regreso de este colectivo, puesto que ni siquiera se ha suscrito un convenio al respecto con esta nación europea.
Una campaña para mejorar la imagen en plena crisis
El Gobierno de Rumanía acaba de poner en marcha una campaña en diferentes medios de comunicación bajo el lema “Soy rumano. Juntos formamos un buen equipo”. En ella se presenta a un elenco de profesionales, dedicados a diferentes actividades, que participan de forma efectiva en la sociedad española.
La campaña pretende ir más allá del plano laboral, destacando las analogías existentes entre ambos países para descubrir nuevos valores que faciliten la integración entre ciudadanos de la Unión.
Sin embargo, las razones de esta campaña de imagen van más lejos: su intención última es limar asperezas y mejorar la idea que tienen los españoles de los rumanos. En comparación con Italia, donde se han puesto en marcha medidas para fichar y proceder a la repatriación de rumanos, especialmente de etnia gitana, España se considera un país “tolerante”.
Con todo, los responsables de la campaña (de Saatchi & Saatchi) reconocen que en los momentos de crisis es cuando el debate acerca de la idoneidad de la presencia de inmigrantes se hace más presente. Por este motivo, han orientado el fin de los mensajes hacia la puesta en valor de las virtudes y erradicar los estereotipos que pesan sobre este colectivo, habitualmente ligados a la delincuencia.
La campaña está centrada, principalmente, en spots publicitarios en medios de comunicación. Asimismo, se concertarán entrevistas con empresarios para acercar el tejido económico y social y la elaboración de un estudio económico por la Universidad Rey Juan Carlos y dirigido por el catedrático de Economía, Ramón Tamames. Las conclusiones de este estudio se harán públicas el 27 de octubre.
Por último, el actor y director español, Carlos Iglesias está finalizando la producción de un documental que ilustra el perfil de la inmigración rumana en España. La campaña servirá como piloto para su futura aplicación en otros países de la Unión Europea.
Información elaborada por Enrique Morales y M. L. Nalda en LA GACETA de los NEGOCIOS
Jóvenes empresarios que desafían la crisis
Al mal tiempo, buena cara. Mientras en España cunde el pesimismo por la gravedad de la crisis económica, en China consideran que la coyuntura actual es una oportunidad. Y ésta es la filosofía que preside el espíritu de algunos jóvenes españoles que, en medio de una profunda desaceleración y la consecuente incertidumbre, han decidido iniciar sus proyectos empresariales. Algunos de ellos están convencidos de que ahora es un buen momento para arrancar una nueva sociedad, como han asegurado a LA GACETA cuatro jóvenes empresarios, menores de 30 años, que han decidido seguir adelante con sus proyectos. Algunos de ellos se habían gestado antes de que la crisis se mostrase en toda su crudeza, pero esta circunstancia no les ha desanimado.
Todos ellos obedecen a un perfil de personas emprendedoras que, conscientes de que cuentan con unos determinados conocimientos, han optado por utilizarlos para aprovechar las oportunidades que les ofrecen determinados nichos de mercado. Aunque no siempre se da esta circunstancia, otros emprendedores, jóvenes y de edades más avanzadas, se establecen por su cuenta ante una situación de desempleo.
Menor número
De esta forma, 8.080 empresas se constituyeron en julio, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y, aunque suponen un descenso del 25,7% con respecto al mismo mes del año anterior, constituyen un indicador de que existen emprendedores dispuestos a desafiar la fuerte desaceleración económica que atraviesa nuestra economía.
El total de empresas creadas en los primeros ocho meses del año asciende a 78.560, un 26,14% menos que un año antes, según datos del estudio Informa de Movimientos Empresariales, realizado por la empresa Informa D&B.
Madrid es la comunidad donde más empresas se han constituido, un total de 14.737; seguida de Cataluña, con 14.223, Andalucía, con 12.354, y la Comunidad Valenciana, con 8.893.
"Una buena idea tiene cabida en cualquier momento"
El objetivo de Sofía Choy, china-peruana de 25 años, ha sido siempre crear empresa. Asegura que en España, donde reside desde hace dos años, hay muchas oportunidades y existe una seguridad jurídica desconocida en Latinoamérica. Choy ha realizado estudios de Comercio Internacional y domina el mundo de las importaciones y exportaciones. Por esta razón, y consciente de las posibilidades que ofrece su país para exportar productos únicos, ha decidido iniciar una empresa destinada a la comercialización de los mismos.
Como primer paso, hace un año creó una sociedad anónima en Perú —Bywasi Perú— y ahora ya tiene casi en marcha su sucursal en España. Cree que, a pesar de la adversa coyuntura, se puede establecer una empresa aquí, "la situación es peor en otros países. En Perú, por ejemplo, la pobreza puede ser extrema". La crisis no le asusta y reconoce que una buena idea puede tener cabida en cualquier momento.
Como paso previo, ha realizado cursos para ponerse al día en el sistema contable y tributario de España y ha preparado su estudio de mercado. Su actividad se ha iniciado con la exportación de plata 950 —la de mayor calidad— y cerámica de Chulucanas. Sin embargo, no está dispuesta a parar y ya estudia el mercado textil y el alimenticio.
"Ahora hay menos competencia y más oportunidades”
Miguel Portillo y tres socios más, todos menores de 30 años, constituyeron en enero una sociedad dedicada a las nuevas tecnologías. No les asusta la crisis. Portillo cree que“ahora es un buen momento para iniciar una empresa porque hay menos competidores y más oportunidades”. Además, sostiene que hay sectores que resisten mejor la desaceleración y cita como ejemplo que, a pesar de la crisis, el sector de los videojuegos online ha crecido un 25%. Su nueva firma, Iberianweb, que ha contado con una inversión inicial próxima a los 25.000 euros, ofrece servicios a pequeñas empresas, como la creación de páginas web o CRM (programa para la gestión de clientes), entre otros servicios.
Portillo tiene experiencia en montar empresas en momentos no especialmente propicios, ya que a pesar de su juventud inició una primera sociedad en 2003, después del estallido de la burbuja de las puntocom, y no le asustó iniciar una empresa de perfil tecnológico. Se trata de PXSP.com, que presta servicios a compañías del sector tecnológico. "Con la crisis se definen oportunidades y se generan otras necesidades que nosotros podemos cubrir”. De esta forma, "si una empresa en estos momentos no puede contratar personal, nosotros podemos cubrir esa necesidad", asegura.
"Este sector no está ligado al mundo del ladrillo"
Con una media de edad de 27 años, Javier Donaire, con el 51% del capital, y otros dos socios, con el 49% restante, han creado la firma Forevent para la organización completa de eventos deportivos, además de ofrecer servicios sueltos como cronometraje e infraestructuras. Sus potenciales clientes son muy variados, desde clubes y entidades deportivas hasta las administraciones públicas.
Optaron por este sector por sus conocimientos del mundo deportivo, ya que proceden del ciclismo. “Teníamos la capacidad organizativa y el conocimiento necesario para dar el salto a eventos de gran envergadura”, explica Donaire. Además, "existe una demanda en el mercado muy importante de este tipo de servicios", añade.
Se plantearon la posibilidad de montar la empresa antes de que explotase la crisis, pero decidieron seguir adelante con el proyecto y realizaron una inversión de 60.000 euros para la adquisición de equipos (vehículo, aparatos para cronometrar…).
“Este sector no está ligado directamente al mundo del ladrillo”, sostiene Javier. Considera que la crisis puede afectar, pero no de forma directa. Aunque las administraciones han reducido su presupuesto, "el deporte popular es una necesidad y no cuenta con suficiente apoyo profesional".
"Los malos datos económicos no me han desanimado"
Fernando Pastor es un joven madrileño de 30 años, que después de trabajar durante seis años en el departamento comercial de una empresa, decidió abandonar esta compañía "para buscar otras alternativas", asegura, y estudiar Empresariales. Una vez terminada esta formación optó establecerse por su cuenta.
Antes de decidirse por un sector, buscó información y analizó las opciones que le ofrecía el mercado. Tras sopesar varias alternativas se decantó por el segmento del vending. Realizó un plan de negocio, adquirió una franquicia de la compañía que distribuye los productos de Nestlé y centró su negocio en instalar máquinas de café en las empresas.
Tuvo que hacer un desembolso de 24.000 euros más IVA para acogerse a la franquicia, "que para mí ha supuesto una inversión importante", explica Fernando Pastor, pero se muestra convencido de recuperarla, a pesar de la crisis. "Los malos indicadores económicos no me han desanimado", añade, aunque reconoce que "ahora predomina el pesimismo y es un momento duro, creo que podré salir adelante". Además, tiene previsto seguir estudiando y realizar el segundo ciclo de Empresariales.
Carmen Porras en LA GACETA DE LOS NEGOCIOS
http://www.negocios.com
Las hipotecas impulsan a la clase media de África
Herrick Mpuku se ha pasado 10 años construyendo una casa para su familia y aún no está terminada. Le faltan gabinetes de cocina y las paredes de cemento siguen sin escayola. Pero ahora el economista de 45 años se está haciendo otra casa, una que espera poder empezar y terminar en menos de seis meses.
¿La diferencia? Mpuku construyó la primera casa según el estilo tradicional africano. En plazos insoportablemente largos que dependían de lo que le sobraba de su salario, compró el terreno, puso los cimientos, levantó unos metros de pared y finalmente puso un tejado. En cambio, para la segunda casa consiguió una hipoteca.
En un continente conocido por la amplia brecha que separa a los desesperadamente pobres y los enormemente ricos, está surgiendo una tímida clase media. Una señal de esto es la aparición de un icono de la vida burguesa: el préstamo hipotecario.
Mpuku se compró una casa en Lilayi Housing Estate, una nueva urbanización de 3.700 casas que provee al comprador una vivienda modesta y una hipoteca para pagarla.
"La clave está en el financiamiento", dice Mpuku, un hombre jovial con una mente matemática que escogió un modelo de tres habitaciones y un pequeño jardín. "No puedo comprarme una casa en efectivo".
El Banco Mundial calcula que la clase media subsahariana estará integrada por unos 43 millones de personas hacia 2030, frente a los 12,8 millones de 2000. Pese a que la mayor parte de la clase media del continente se encuentra en Sudáfrica, los mercados emergentes de países como Zambia, Nigeria, Kenia y Ghana están atrayendo la atención de inversionistas de todo el mundo.
"En África hay una clase media emergente sedienta de vivienda", dice John Simon, vicepresidente ejecutivo de Overseas Private Investment Corp. (OPIC), una agencia gubernamental estadounidense que presta dinero para hipotecas al proyecto Lilayi.
Normalmente, los consumidores de clase media en este continente tienen un acceso mucho menor a las hipotecas que sus pares en América Latina, Europa Central y del Este, y algunas partes de Asia, como India, según OPIC. Y, por lo menos en Zambia, estar en la vanguardia es duro. Los obstáculos burocráticos y legales han retrasado el proyecto de Lilayi en al menos un año.
Tope Lawani, cofundador de origen nigeriano de la firma de inversión de capital privado Helios Investment Partner, dice que los inversionistas se están dando cuenta de que el continente no carece de una demanda para bienes y servicios de clase media, como billetes de avión, electricidad, habitaciones de hotel y servicios financieros. Lo que falta, dice, son compañías dispuestas a invertir en África y crear un mercado competitivo para satisfacer las aspiraciones de la emergente clase media.
Respaldado por inversionistas estadounidenses, entre otros, Helios ha creado un fondo de US$300 millones destinado a compañías que se concentren en los consumidores africanos de clase media.
En Zambia, los ricos compran su casa con dinero en efectivo. Los más diligentes se construyen la suya, si encuentran un terreno disponible, a lo largo de los años, tal como hizo Mpuku. El resto languidece en casas alquiladas o barrios de chabolas. Incluso los jóvenes profesionales viven en chabolas abarrotadas en Lusaka, la capital, por falta de alternativas.
Hasta hace poco, los bancos eran reacios a colaborar. Sólo uno de cada 1.000 zambianos tiene una hipoteca de un banco, según un informe de FinMark Trust, una firma de investigación gubernamental del Reino Unido.
Apenas 16% de los 11,5 millones de habitantes de Zambia recibe un salario y el país carece de oficinas que califiquen los historiales de crédito de las personas para ayudar a los bancos a calibrar el riesgo de sus posibles prestatarios. La corrupción había plagado el Ministerio de Tierras por lo que transferir las escrituras de un terreno podía tomar hasta seis meses. Incluso si alguien sobornaba a las autoridades para acelerar el proceso, eso no garantizaba que no hubiera otras personas que tuvieran escrituras por la misma parcela. Por eso, los bancos nunca tenían manera de asegurarse de que recibirían algo si una hipoteca salía mal.
Además, poca gente estaba interesada en pedir un préstamo cuando los intereses alcanzaban 40% al año. Pese a la falta de un mercado hipotecario, los propios banqueros no pasaban dificultades para enriquecerse. Pagaban intereses de un sólo dígito sobre los depósitos y luego compraban bonos del gobierno que solían pagar entre cinco y 10 puntos porcentuales por encima de la fluctuante tasa de inflación. Es decir, generosas ganancias con poco riesgo.
Unos cuantos años de reformas políticas y económicas han reducido la inflación a un nivel más estable de 11%. Ahora que el gobierno pide menos dinero prestado, los bancos están buscando otras oportunidades, y varios ven en las hipotecas un nuevo horizonte.
¿La diferencia? Mpuku construyó la primera casa según el estilo tradicional africano. En plazos insoportablemente largos que dependían de lo que le sobraba de su salario, compró el terreno, puso los cimientos, levantó unos metros de pared y finalmente puso un tejado. En cambio, para la segunda casa consiguió una hipoteca.
En un continente conocido por la amplia brecha que separa a los desesperadamente pobres y los enormemente ricos, está surgiendo una tímida clase media. Una señal de esto es la aparición de un icono de la vida burguesa: el préstamo hipotecario.
Mpuku se compró una casa en Lilayi Housing Estate, una nueva urbanización de 3.700 casas que provee al comprador una vivienda modesta y una hipoteca para pagarla.
"La clave está en el financiamiento", dice Mpuku, un hombre jovial con una mente matemática que escogió un modelo de tres habitaciones y un pequeño jardín. "No puedo comprarme una casa en efectivo".
El Banco Mundial calcula que la clase media subsahariana estará integrada por unos 43 millones de personas hacia 2030, frente a los 12,8 millones de 2000. Pese a que la mayor parte de la clase media del continente se encuentra en Sudáfrica, los mercados emergentes de países como Zambia, Nigeria, Kenia y Ghana están atrayendo la atención de inversionistas de todo el mundo.
"En África hay una clase media emergente sedienta de vivienda", dice John Simon, vicepresidente ejecutivo de Overseas Private Investment Corp. (OPIC), una agencia gubernamental estadounidense que presta dinero para hipotecas al proyecto Lilayi.
Normalmente, los consumidores de clase media en este continente tienen un acceso mucho menor a las hipotecas que sus pares en América Latina, Europa Central y del Este, y algunas partes de Asia, como India, según OPIC. Y, por lo menos en Zambia, estar en la vanguardia es duro. Los obstáculos burocráticos y legales han retrasado el proyecto de Lilayi en al menos un año.
Tope Lawani, cofundador de origen nigeriano de la firma de inversión de capital privado Helios Investment Partner, dice que los inversionistas se están dando cuenta de que el continente no carece de una demanda para bienes y servicios de clase media, como billetes de avión, electricidad, habitaciones de hotel y servicios financieros. Lo que falta, dice, son compañías dispuestas a invertir en África y crear un mercado competitivo para satisfacer las aspiraciones de la emergente clase media.
Respaldado por inversionistas estadounidenses, entre otros, Helios ha creado un fondo de US$300 millones destinado a compañías que se concentren en los consumidores africanos de clase media.
En Zambia, los ricos compran su casa con dinero en efectivo. Los más diligentes se construyen la suya, si encuentran un terreno disponible, a lo largo de los años, tal como hizo Mpuku. El resto languidece en casas alquiladas o barrios de chabolas. Incluso los jóvenes profesionales viven en chabolas abarrotadas en Lusaka, la capital, por falta de alternativas.
Hasta hace poco, los bancos eran reacios a colaborar. Sólo uno de cada 1.000 zambianos tiene una hipoteca de un banco, según un informe de FinMark Trust, una firma de investigación gubernamental del Reino Unido.
Apenas 16% de los 11,5 millones de habitantes de Zambia recibe un salario y el país carece de oficinas que califiquen los historiales de crédito de las personas para ayudar a los bancos a calibrar el riesgo de sus posibles prestatarios. La corrupción había plagado el Ministerio de Tierras por lo que transferir las escrituras de un terreno podía tomar hasta seis meses. Incluso si alguien sobornaba a las autoridades para acelerar el proceso, eso no garantizaba que no hubiera otras personas que tuvieran escrituras por la misma parcela. Por eso, los bancos nunca tenían manera de asegurarse de que recibirían algo si una hipoteca salía mal.
Además, poca gente estaba interesada en pedir un préstamo cuando los intereses alcanzaban 40% al año. Pese a la falta de un mercado hipotecario, los propios banqueros no pasaban dificultades para enriquecerse. Pagaban intereses de un sólo dígito sobre los depósitos y luego compraban bonos del gobierno que solían pagar entre cinco y 10 puntos porcentuales por encima de la fluctuante tasa de inflación. Es decir, generosas ganancias con poco riesgo.
Unos cuantos años de reformas políticas y económicas han reducido la inflación a un nivel más estable de 11%. Ahora que el gobierno pide menos dinero prestado, los bancos están buscando otras oportunidades, y varios ven en las hipotecas un nuevo horizonte.
Por Michael M. Phillips The Wall Street Journal
El testimonio del salvador de Ingrid
El cabo del Ejército William Flórez, enfermero en una unidad de contraguerrilla, salvó la vida a Ingrid Betancourt en uno de los momentos más trágicos del cautiverio. Ha pasado once años secuestrado por las FARC, en ese tiempo murió su padre, le dejo su novia y sufrido numerosas enfermedades.
Una imagen vale más que mil palabras. La liberación de Ingrid Betancourt y de otros 14 secuestrados por las FARC
Colombia dio a conocer la audaz operación militar en la que rescató sana y salva a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres estadounidenses, así como a 11 efectivos de las Fuerzas Armadas y que dejó en evidencia el engaño que sufrieron las FARC.
Los militares que participaron en el rescate se presentaron ante los guerrilleros como extranjeros y periodistas, y entre ellos había una mujer que se hizo pasar por enfermera, según ha revelado el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, al presentar el vídeo de la operación.
El respuesta del Gobierno colombiano se conoció horas después de que una radio suiza citara a una fuente anónima diciendo que la liberación fue el resultado de un millonario pago a algunos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para que entregaran a los rehenes.
"Hicimos creer a los secuestradores que era una comisión internacional", resaltó Santos, quien destacó los papeles de "verdaderos actores" que hicieron los miembros de la inteligencia del Ejército.
Fueron "seleccionados" y "preparados" incluso con asesoramiento psicológico "y entrenados para que cada uno desempeñara su papel", según los generales Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Militares, y Mario Montoya, jefe del Ejército.
Una vez fueron dominados y atados los dos rebeldes, el verdadero comandante de la operación grita que los supuestos extranjeros, así como el 'periodista' y el 'cámara' son en realidad miembros del Ejército Nacional y, al dirigirse a los secuestrados les dice: "¡Ustedes quedan ahora libres!".
Santos y los jefes militares destacaron que si bien sus tropas reciben asistencia de EEUU e Israel, la 'Operación Jaque' fue "100% colombiana".
Diez razones que explican el fracaso del alquiler en España
Es un tema que importa a los inmigrantes recién llegados a España, que buscan una casa para alquiler. Aquí, determinadas circunstancias, lo hacen difícil y caro. Os envío parte de una información que aparece en el diario LA GACETA con diez razones que es explican esta situación. Esta elaborado por Enrique Morales y Carmen Porras.
1. La falta de calidad desincentiva a los inquilinos
Ocho de cada diez inmuebles en alquiler son de propiedad privada y una característica común de la mayoría de ellos es la falta de calidad que ofrecen, sobre todo con respecto al precio. Según el INE, medio millón de viviendas vacías —dos de cada diez— se encuentran en un estado ruinoso y el 52% de éstas —1,6 millones—, se han construido entre 1900 y 1960. La calidad de las viviendas para arrendar no responde a la demanda real de los usuarios, lo que contribuye a un desajuste entre oferta y demanda que finalmente empuja a la compra.
2. Fiscalidad: Las políticas públicas, dirigidas a la compra
Las políticas públicas en materia de vivienda se han dirigido básicamente a la compra, en un mercado de por sí predispuesto a esa opción. La ayuda oficial para la adquisición de un inmueble, que puede alcanzar el 15% de su precio final, y unos tipos de interés al 3% dieron la puntilla definitiva al alquiler. Sin embargo, la desaceleración económica ha propiciado un nuevo escenario, en el que el arrendamiento no es descartado por los que se quieren emancipar, que también han visto en la renta de 210 euros, una ayuda a considerar.
3. Las nuevas ayudas propician la picaresca
jóvenes, de entre 22 y 30 años, que decidan emanciparse ha sido
bien recibida, pero también ha propiciado la picaresca en el mercado de alquiler. Los arrendadores proponen sin rubor un reparto de las ayudas y buscan, fundamentalmente, el perfil de menor de 30 años para alquilar su casa. En muchos casos se discrimina, con diferentes excusas a los mayores de esa edad.Las experiencias pasadas, en la línea de conceder ayudas directas a inquilinos han propiciado un aumento de los precios de los alquileres.
4. El tamaño no encaja con la demanda habitual
La oferta de vivienda en alquiler en España tiene poco que ver con la demanda y la tendencia de formación de nuevos hogares, impulsada por la inmigración, la emancipación de jóvenes y los divorcios y las separaciones. El 20% de los contratos de alquiler corresponde a viviendas de renta antigua, de gran tamaño. El 97% tienen más de tres habitaciones. Apenas un 23% de las viviendas en alquiler tienen entre uno y dos dormitorios, mientras 440.000 tienen más de cuatro dormitorios. Demasiado tamaño para los nuevos demandantes.
5. Una mentalidad predispuesta a la adquisición
La unión de factores económicos, fiscales, de rentabilidad y culturales ha contribuido a que en España exista una mentalidad proclive a la compra en lugar de al alquiler. Sin embargo, sigue siendo más barato alquilar —470 euros de media— que comprar: la hipoteca media se sitúa en más de 800 euros. Para comprar una vivienda de 231.000 euros (38 millones de las antiguas pesetas) es necesario suscribir una hipoteca a 30 años que implica pagos mensuales de 1.000 euros. Al final, el comprador acaba pagando casi el doble de lo que costó.
6. La falta de garantías, la queja más común
La consecución de un equilibrio entre los derechos del propietario de la vivienda y el inquilino es uno de los principales frenos al alquiler de viviendas. El primero exige unas condiciones mínimas de habitabilidad, el segundo teme por el deterioro de su propiedad y, sobre todo, por los impagos. La falta de una profesionalización de este mercado en España favorece esta desconfianza mutua entre las partes. Las diferentes administraciones han mostrado su voluntad de mejorar esta situación con la creación de entidades que actúen como intermediarias.
7. El mercado profesional, la asignatura pendiente
Sólo ocho de cada cien inmuebles que se alquilan en España están gestionados por profesionales, un porcentaje que se triplica en Reino Unido y Francia y que alcanza el 51% en Alemania. En los últimos años se ha avanzado mucho en materia fiscal y legislativa para potenciar este mercado, fundamentalmente en lo referente a fondos de inversión y a sociedades de arrendamiento. Su mayor desarrollo puede propiciar un incremento de la oferta, pero sobre todo contribuirá a que exista un aumento de la calidad y de las garantías del arrendatario.
8. El alquiler social,una opción compleja de gestionar
La vivienda social en alquiler apenas alcanza el 1% en España, frente a un porcentaje medio del 18% en Europa. Las competencias de vivienda están en manos de las comunidades desde 1978, que han priorizado las VPO y las VPP en detrimento del alquiler social. El escaso interés de las administraciones públicas por fomentar esta opción se explica por los problemas de gestión que genera, el fiasco de algunas experiencias con agentes sociales, la baja rentabilidad y la ausencia de empresas dedicadas íntegramente o mayoritariamente a este segmento.
9. La falta de movilidad laboral frena esta opción
Sólo el 15% de los trabajadores españoles de todas las edades, cuenta con alguna experiencia laboral fuera de su región o país. Mientras, ocho de cada diez parados se niegan a cambiar de residencia para aceptar ofertas de trabajo. Las dificultades para alquilar, consecuencia de la falta de garantías y la escasa calidad de los inmuebles, son la excusa más frecuente para no desplazarse en ambos casos. Los españoles son los europeos que menos se mueven. La movilidad geográfica en Estados Unidos alcanza el 6%; y en Europa, llega al 1,5%.
10. Opacidad: mucho fraude y falta de estadísticas fiables
Más de la mitad de los 1.900.000 alquileres que hay en España escapa del control del fisco, según denuncian los Técnicos de Economía y Hacienda, que cruzan los datos del INE con los de la declaración de la Renta. Seis comunidades, Madrid, Cataluña, Andalucía, Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana, concentran ocho de cada diez alquileres de la economía sumergida. El fraude podría rondar los 1.800 millones de euros anuales. Además, faltan estadísticas fiables que permitan dinamizar el mercado y elaborar políticas adecuadas.
Cinco ideas falsas: La riqueza de España provoca un 'efecto de llamada' en los países pobres (4)
La riqueza de España provoca un 'efecto de llamada' en los países pobres. No es tanto el desarrollo de España como la importancia de su sector informal lo que provoca este efecto, aunque exista realmente. Evitar la complejidad de los trámites administrativos, esquivar un eventual rechazo, saber que se puede, con toda seguridad, encontrar un trabajo aunque sea con unas condiciones espantosas, éste es el efecto de llamada más poderoso que pueda existir. Al final de todo ello está la esperanza de integrarse en la sociedad española en unas condiciones mejores, o sencillamente ganar el dinero suficiente para regresar a su país al final de su estancia.
Existen pocos datos a este respecto, pero a comienzos de los años noventa se calculaba que dos tercios de los inmigrantes procedentes del Tercer Mundo trabajaban en la economía sumergida. El sector informal alimenta la clandestinidad, los fantasmas sobre la inmigración y, al final de la cadena, fomenta el racismo. Para aclarar la relación de la sociedad española con la inmigración es necesario que España acepte luchar contra su propia economía informal, aunque sólo sea para no quebrantar el derecho de gentes. También resulta evidente que este sector entra en profunda contradicción con el resto de la economía legal española y con el resto de las normas europeas: esta forma de empleo se asemeja a la competencia desleal.
Existen pocos datos a este respecto, pero a comienzos de los años noventa se calculaba que dos tercios de los inmigrantes procedentes del Tercer Mundo trabajaban en la economía sumergida. El sector informal alimenta la clandestinidad, los fantasmas sobre la inmigración y, al final de la cadena, fomenta el racismo. Para aclarar la relación de la sociedad española con la inmigración es necesario que España acepte luchar contra su propia economía informal, aunque sólo sea para no quebrantar el derecho de gentes. También resulta evidente que este sector entra en profunda contradicción con el resto de la economía legal española y con el resto de las normas europeas: esta forma de empleo se asemeja a la competencia desleal.
Samir Naïr es eurodiputado y profesor invitado de la Universidad Carlos III
Cinco ideas falsas: Los inmigrantes se benefician indebidamente de las leyes sociales (3)
Los inmigrantes se benefician indebidamente de las leyes sociales favorables. No hay nada más falso. Los inmigrantes que trabajan legalmente en España cotizan a los sistemas de Seguridad Social y de pensiones. El hecho de que perciban los derechos vinculados a estas cotizaciones es simplemente de justicia, ¡al menos si se acepta la idea de que España es un Estado de derecho que rechaza la esclavitud!
Por otro lado, resulta evidente que su contribución al sistema de pensiones favorece ante todo a los españoles y supone una ayuda decisiva para el mantenimiento de las mismas. Aquí, la aportación de los inmigrantes es un beneficio absoluto para España. En efecto, la contribución de las nuevas generaciones a la jubilación de las anteriores se ve compensada por el hecho de que estas últimas han cotizado para la formación, la educación y el nivel de vida de las jóvenes generaciones. Pero los inmigrantes vienen del extranjero, ya son adultos y el coste de su educación ha sido soportado enteramente por su país de origen, por muy pobre que sea. Representan, por lo tanto, un beneficio neto para el contribuyente español y una pérdida completa para el país de origen.
No es casualidad que el debate actual sobre la jubilación en Europa también gire alrededor de la cuestión de saber si hay que 'importar' o no trabajadores extranjeros para cubrir la tendencia a la baja del crecimiento demográfico y, de esta manera, mantener un ni
vel de vida decente de cara a la jubilación. Lo que es muy probable es que Europa necesite hacer venir a decenas de millones de trabajadores jóvenes para hacer frente a este desafío. Ningún responsable político serio se atreverá a creer que en Europa los fondos privados de pensiones y el ahorro salarial pueden sustituir, de forma significativa, a la jubilación por reparto.
Por último, es cierto que los inmigrantes que trabajan en la clandestinidad no cotizan, pero tampoco disfrutan de protección social. No están en modo alguno a cargo de la sociedad, lo que, por otro lado, es un insulto para el respeto mínimo de los derechos humanos. Conocemos la situación dramática de los trabajadores clandestinos del sur de España: les es casi imposible disponer de un techo, y en cuanto a solicitar tratamiento, se arriesgan a ser expulsados. Ni siquiera se benefician del derecho de 'asistencia a la persona en peligro'. Es una situación escandalosa. El que los inmigrantes sobreexplotados y mantenidos conscientemente en la ilegalidad ni siquiera tengan el derecho a manifestarse, a hacer huelga, sitúa a España, con su Ley de Extranjería, muy por detrás de los demás países europeos en materia del respeto de los derechos.
Por otro lado, resulta evidente que su contribución al sistema de pensiones favorece ante todo a los españoles y supone una ayuda decisiva para el mantenimiento de las mismas. Aquí, la aportación de los inmigrantes es un beneficio absoluto para España. En efecto, la contribución de las nuevas generaciones a la jubilación de las anteriores se ve compensada por el hecho de que estas últimas han cotizado para la formación, la educación y el nivel de vida de las jóvenes generaciones. Pero los inmigrantes vienen del extranjero, ya son adultos y el coste de su educación ha sido soportado enteramente por su país de origen, por muy pobre que sea. Representan, por lo tanto, un beneficio neto para el contribuyente español y una pérdida completa para el país de origen.
No es casualidad que el debate actual sobre la jubilación en Europa también gire alrededor de la cuestión de saber si hay que 'importar' o no trabajadores extranjeros para cubrir la tendencia a la baja del crecimiento demográfico y, de esta manera, mantener un ni
vel de vida decente de cara a la jubilación. Lo que es muy probable es que Europa necesite hacer venir a decenas de millones de trabajadores jóvenes para hacer frente a este desafío. Ningún responsable político serio se atreverá a creer que en Europa los fondos privados de pensiones y el ahorro salarial pueden sustituir, de forma significativa, a la jubilación por reparto.
Por último, es cierto que los inmigrantes que trabajan en la clandestinidad no cotizan, pero tampoco disfrutan de protección social. No están en modo alguno a cargo de la sociedad, lo que, por otro lado, es un insulto para el respeto mínimo de los derechos humanos. Conocemos la situación dramática de los trabajadores clandestinos del sur de España: les es casi imposible disponer de un techo, y en cuanto a solicitar tratamiento, se arriesgan a ser expulsados. Ni siquiera se benefician del derecho de 'asistencia a la persona en peligro'. Es una situación escandalosa. El que los inmigrantes sobreexplotados y mantenidos conscientemente en la ilegalidad ni siquiera tengan el derecho a manifestarse, a hacer huelga, sitúa a España, con su Ley de Extranjería, muy por detrás de los demás países europeos en materia del respeto de los derechos.
Samir Naïr es eurodiputado y profesor invitado de la Universidad Carlos III
Más discriminación, según SOS Racismo
Por decimosegundo año consecutivo, el objetivo del Informe Anual de SOS Racismo es medir la temperatura del racismo en el Estado español y ofrecer una visión lo más completa posible de las múltiples dimensiones que componen el fenómeno.
Los acontecimientos de este último año han demostrado una vez más como la política del Estado español ha fomentado la discriminación y el miedo a lo “diferente”, produciendo un deterioro democrático y una violación – en algunos casos sistemática – de los derechos y libertades fundamentales. Como desde más de veinte años, el objetivo principal de las políticas migratorias tanto de la Unión Europea como del Estado español, fue el de detener los flujos migratorios procedentes de los países que no pertenecen a la Unión, al precio que fuera necesario pagar. Si el objetivo final no ha cambiado, sí han cambiado las estrategias.
Se ha pasado de una etapa de blindaje de las fronteras exteriores para impedir entrar a los inmigrantes procedentes de los países africanos, a una nueva etapa cuyo objetivo es todavía más atrevido políticamente, más cuestionable jurídicamente y más condenable éticamente: impedir salir a las personas del continente africano, de sus propios países. Este es el objetivo de la estrategia de externalización de las fronteras de la Unión Europea.
Cuando no es posible repatriar a los inmigrantes que atraviesan o llegan a nuestras fronteras, se han comenzado a poner en práctica medidas para exportarlos a otros países –al igual que se hace con los desechos contaminantes o peligrosos – bajo fórmulas distintas como la externalización de los campos de internamiento o los tratados de admisión de los no-nacionales. Lejos de la frontera UE, los inmigrantes procedentes de África se encuentran en condición de mayor desprotección, dejados en las manos de Estados que no respetan los Derechos Humanos. Mayor es la impunidad de los Estados europeos, que no se responsabilizan de la vulneración de Derechos Humanos que conlleva la política migratoria europea. Y mayor es la impotencia de las asociaciones de defensa de los Derechos Humanos para denunciar estas violaciones.
Las 6.000 muertes reconocidas en las costas canarias y africanas – cifra muy inferior a la de fallecimientos reales – representan la punta del iceberg, la faceta más indignante de una realidad, la “exclusión de la diversidad”, que asume formas distintas y variadas, dificultando la comprensión de sus causas comunes.
Otro año más, desde SOS Racismo hacemos un llamamiento a todos los actores de la sociedad para que la plena igualdad de derechos y de oportunidades de todas las personas que viven dentro de los confines de Estado se convierta en realidad cuanto antes. Sin la implicación de todos y todas, la lucha contra el racismo no podrá ser exitosa.
Los acontecimientos de este último año han demostrado una vez más como la política del Estado español ha fomentado la discriminación y el miedo a lo “diferente”, produciendo un deterioro democrático y una violación – en algunos casos sistemática – de los derechos y libertades fundamentales. Como desde más de veinte años, el objetivo principal de las políticas migratorias tanto de la Unión Europea como del Estado español, fue el de detener los flujos migratorios procedentes de los países que no pertenecen a la Unión, al precio que fuera necesario pagar. Si el objetivo final no ha cambiado, sí han cambiado las estrategias.
Se ha pasado de una etapa de blindaje de las fronteras exteriores para impedir entrar a los inmigrantes procedentes de los países africanos, a una nueva etapa cuyo objetivo es todavía más atrevido políticamente, más cuestionable jurídicamente y más condenable éticamente: impedir salir a las personas del continente africano, de sus propios países. Este es el objetivo de la estrategia de externalización de las fronteras de la Unión Europea.
Cuando no es posible repatriar a los inmigrantes que atraviesan o llegan a nuestras fronteras, se han comenzado a poner en práctica medidas para exportarlos a otros países –al igual que se hace con los desechos contaminantes o peligrosos – bajo fórmulas distintas como la externalización de los campos de internamiento o los tratados de admisión de los no-nacionales. Lejos de la frontera UE, los inmigrantes procedentes de África se encuentran en condición de mayor desprotección, dejados en las manos de Estados que no respetan los Derechos Humanos. Mayor es la impunidad de los Estados europeos, que no se responsabilizan de la vulneración de Derechos Humanos que conlleva la política migratoria europea. Y mayor es la impotencia de las asociaciones de defensa de los Derechos Humanos para denunciar estas violaciones.
Las 6.000 muertes reconocidas en las costas canarias y africanas – cifra muy inferior a la de fallecimientos reales – representan la punta del iceberg, la faceta más indignante de una realidad, la “exclusión de la diversidad”, que asume formas distintas y variadas, dificultando la comprensión de sus causas comunes.
Otro año más, desde SOS Racismo hacemos un llamamiento a todos los actores de la sociedad para que la plena igualdad de derechos y de oportunidades de todas las personas que viven dentro de los confines de Estado se convierta en realidad cuanto antes. Sin la implicación de todos y todas, la lucha contra el racismo no podrá ser exitosa.
Informe Anual 2007 sobre el racismo en el Estado español
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español
Siete de cada diez extranjeros que vienen a España se quedan para siempre
El 70% de los inmigrantes que viene a España se queda de forma definitiva, y las previsiones para el año 2025 es que en nuestro país se asienten más de 8 millones de nuevos residentes, según el II Anuario de la Comunicación del Inmigrante en España. Además, el anuario destaca que el 9,9% de las personas que viven en nuestro país es extranjera, por encima de naciones como Francia (9,6%), Alemania (8,9%) o Reino Unido (8,1%). “España se ha convertido en el país más multiétnico de la Unión Europea, ya que es el primer receptor de inmigrantes del mundo, sólo por detrás de Estados Unidos”, recalcó la directora de Etnia Comunicación, Ana Calderón, citando datos de un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Del mismo modo, el anuario subraya que las previsiones para el año 2025 es que en España se asienten más de 8 millones de nuevos residentes y agrega que un factor determinante para la integración es la posibilidad de adquirir una vivienda en propiedad. En la actualidad, un 15% de los inmigrantes que viven en España tienen vivienda propia. Además, el informe señala que las uniones mixtas entre un cónyuge extranjero y un español son cada vez más frecuentes. Tan sólo el año pasado se produjeron cerca de 34.000 uniones de este tipo, dato que representa un 16% del total de parejas, mientras que en el 2002 éstas suponían un 8,5% de la totalidad.
Por nacionalidades, el mayor número de extranjeros es marroquí (12,8%), seguido de rumanos (11,7), ecuatorianos (9,4%) y británicos (7%). Del mismo modo, las comunidades que más extranjeros acogen son, por este orden: Cataluña (22%), Madrid (19%), Comunidad Valenciana (16%) y Andalucía (12%). Finalmente, el estudio subraya que el 75% de los inmigrantes trabajadores ocupa puestos no cualificados o de operarios vinculados a sectores manufactureros, industriales o del sector servicios.
Del mismo modo, el anuario subraya que las previsiones para el año 2025 es que en España se asienten más de 8 millones de nuevos residentes y agrega que un factor determinante para la integración es la posibilidad de adquirir una vivienda en propiedad. En la actualidad, un 15% de los inmigrantes que viven en España tienen vivienda propia. Además, el informe señala que las uniones mixtas entre un cónyuge extranjero y un español son cada vez más frecuentes. Tan sólo el año pasado se produjeron cerca de 34.000 uniones de este tipo, dato que representa un 16% del total de parejas, mientras que en el 2002 éstas suponían un 8,5% de la totalidad.
Por nacionalidades, el mayor número de extranjeros es marroquí (12,8%), seguido de rumanos (11,7), ecuatorianos (9,4%) y británicos (7%). Del mismo modo, las comunidades que más extranjeros acogen son, por este orden: Cataluña (22%), Madrid (19%), Comunidad Valenciana (16%) y Andalucía (12%). Finalmente, el estudio subraya que el 75% de los inmigrantes trabajadores ocupa puestos no cualificados o de operarios vinculados a sectores manufactureros, industriales o del sector servicios.
Visto en huy.es
Ya hay más inmigrantes sin contrato que los legalizados en 2005 ¿Cabe otra regularización?
Hace poco más de un año, el peruano Raúl F. llegó a Madrid desde La Paz (Bolivia). Su mujer, residente legal en España desde 2004, buscó desesperadamente una oferta de trabajo, por la vía legal, que le permitiese venir a España y estar presente en el nacimiento de su hijo. No lo consiguió. Como segunda opción, acudió al mercado negro para comprar un contrato. Lo hizo en cuatro ocasiones y en todas la estafaron. Perdió casi 18.000 euros.
Finalmente, Raúl optó por la vía boliviana, que le permitía entrar en España mediante un visado. Viajó desde Lima a La Paz y allí compró documentos que le identifican como ciudadano boliviano. En Bolivia permaneció seis meses empapándose de la cultura local. En Barajas, la aventura de nuestro protagonista estuvo a punto de frustrarse. Un guardia civil no identificó sus rasgos —alto y con tez blanca— con los de un boliviano. Tras un interrogatorio, en el que fue preciso incluso cantar el himno boliviano, Raúl pudo pisar suelo español.
Ahora trabaja esporádicamente haciendo chapuzas y dos veces por semana como animador en restaurantes y discotecas latinas. No tiene contrato de trabajo, como le sucede a dos de cada diez trabajadores extranjeros por cuenta ajena que hay en España, en torno a 600.000. Esta cifra ya supera a la de los inmigrantes que se regularizaron en 2005 —577.000—, en un proceso en el que era necesario un certificado de empadronamiento anterior a agosto de 2004, el de penales y un precontrato de trabajo de al menos seis meses de duración como norma general.
Aquella regularización, criticada por una parte de Europa y por el Partido Popular (PP), y respaldada por los agentes sociales, por las asociaciones de inmigrantes y por la mayoría del arco parlamentario, contribuyó a aflorar mucha economía sumergida, pues se basó en la presentación de un vínculo laboral, un contrato de trabajo. En 2006, las cotizaciones a la Seguridad Social de los inmigrantes recién regularizados supusieron más de mil millones de euros. Sin embargo, en torno a 120.000 solicitudes de inmigrantes en situación irregular fueron denegadas o archivadas, por la ausencia de algunas de las condiciones, y quedaron en una situación de ilegalidad en España. Desde esa fecha, se han producido nuevas entradas de ilegales y muchos empresarios mantuvieron a sus trabajadores en la irregularidad, lo que devuelve una situación mucho más grave que la de hace tres años.
Alrededor de la inmigración se ha dibujado un mercado de trabajo precario, con altas tasas de temporalidad, empleado en sectores poco productivos y con escasos salarios pese a que buena parte de los inmigrantes tiene elevada cualificación y muchas veces en la economía sumergida, que en España equivale al 26% del PIB. Según un informe del Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales de la UNED y la Fundación Sistema, vinculada al Partido Socialista y dirigido por el catedrático de Sociología y ex dirigente socialista José Félix Tezanos, el 22% de los trabajadores inmigrantes carece de permiso de trabajo y un porcentaje ligeramente inferior no tiene contrato de trabajo. Las mujeres son las más perjudicadas por esta situación de precariedad.
El estudio, basado en una encuesta a unos 2.300 trabajadores extranjeros y financiado por la Secretaria de Estado de Seguridad Social, revela que cas un millón de trabajadores inmigrantes por cuenta ajena —de poco más de tres millones— tiene vínculos laborales fuera de la legalidad. Quedan fuera de esta abultada cifra sectores de economía sumergida o no legal, no objeto de la encuesta, centrada en la población activa, como las actividades irregulares, la venta callejera y la prostitución, por ejemplo.La estabilidad laboral se consigue con dificultad y con tiempo, pero sólo el 27% tiene un contrato fijo y más de un tercio realiza jornadas de más de nueve horas diarias, subiendo espectacularmente la proporción en agricultura, construcción y transporte. El trabajo de Tezanos, titulado Las Condiciones Laborales de los Trabajadores Inmigrantes en España, evidencia también que la entrada en España de la mayor parte de los inmigrantes se ha producido sin permiso de trabajo. Así, tres de cada cuatro aseguraron que no lo tenían a su llegada a nuestro país.La picaresca empresarial —responsable, en parte, de estas situaciones— queda clara con la afirmación de la mayoría de los encuestados de que resulta más fácil y rápido encontrar un empleo sin papeles que con todos los permisos en regla.
Es evidente que la situación obliga a tomar nuevas medidas. Las circunstancias son casi las mismas que encontró el Gobierno en 2004, recién ganadas las elecciones, y que se transformaron en la regularización de 2005. Sin embargo, no se ha manifestado claramente en campaña y, de momento, empresarios y sindicatos son partidarios de dejar ese asunto al margen y regular las entradas a través del contingente y las demandas.
Enrique Morales e Isabel Acosta en La Gaceta de los Negocios
Cinco ideas falsas: La inmigración entra en competencia con la mano de obra nacional (2)
La inmigración entra en competencia con la mano de obra nacional y ejerce una presión a la baja sobre los salarios. Pero basta con aplicar esta afirmación a la estructura global de los asalariados para medir su falsedad. A menudo poco cualificados, disponibles para trabajos que ya no quieren realizar los ciudadanos del país de acogida, los inmigrantes aceptan, a falta de leyes protectoras, lo que les proponen los patronos. Su situación es similar a la de las demás categorías de trabajadores precarios: mujeres, jóvenes y trabajadores no cualificados.
El salario medio de las mujeres españolas es inferior en alrededor del 30% al salario de los hombres: ¡también se las podría acusar de hacer bajar los salarios! Por otro lado, nadie se extraña del importante desfase que puede existir entre el salario de un directivo y el de un empleado o un obrero...
En realidad, el responsable del aumento de estas desigualdades y de la tendencia a la baja de los salarios es el movimiento de liberalización económica en marcha desde mediados de los años ochenta. La globalización financiera favorece un reparto de la riqueza que beneficia al capital y a los asalariados -poco numerosos- que influyen directamente en las decisiones que afectan al capital (directores generales, ejecutivos, etc.). En cambio, sin una ley protectora (fijación de un salario mínimo), sin la intervención del Estado, este reparto tiende a ser desfavorable para los asalariados en la parte baja de la escala. Por lo tanto, los inmigrantes no son en modo alguno responsables del descenso de los salarios. Al contrario, son las primeras víctimas. Porque no tienen más remedio que integrarse en una estructura de salarios de por sí muy poco igualitaria.
El salario medio de las mujeres españolas es inferior en alrededor del 30% al salario de los hombres: ¡también se las podría acusar de hacer bajar los salarios! Por otro lado, nadie se extraña del importante desfase que puede existir entre el salario de un directivo y el de un empleado o un obrero...
En realidad, el responsable del aumento de estas desigualdades y de la tendencia a la baja de los salarios es el movimiento de liberalización económica en marcha desde mediados de los años ochenta. La globalización financiera favorece un reparto de la riqueza que beneficia al capital y a los asalariados -poco numerosos- que influyen directamente en las decisiones que afectan al capital (directores generales, ejecutivos, etc.). En cambio, sin una ley protectora (fijación de un salario mínimo), sin la intervención del Estado, este reparto tiende a ser desfavorable para los asalariados en la parte baja de la escala. Por lo tanto, los inmigrantes no son en modo alguno responsables del descenso de los salarios. Al contrario, son las primeras víctimas. Porque no tienen más remedio que integrarse en una estructura de salarios de por sí muy poco igualitaria.
Samir Naïr es eurodiputado y profesor invitado de la Universidad Carlos III
Cinco ideas falsas: España está amenazada por una 'invasión' migratoria (1)
España está amenazada por una 'invasión' migratoria. Este temor se basa en un doble supuesto: el de la existencia de una ciencia capaz de medir la presión migratoria y, por lo tanto, demostrar que un determinado país sufre la amenaza de una invasión y el de la interpretación de las cifras que confirmarían esta obsesión. Sin embargo, ninguna ciencia reconocida es hoy capaz de medir la 'presión' migratoria que pudiera ejercerse sobre un determinado país rico. Las cifras de la inmigración reflejan ante todo la política migratoria del Estado de acogida.
En el caso de España, siguen estando a todas luces muy alejadas de todo aquello que pueda parecerse a una invasión: la población extranjera regularmente establecida se eleva a alrededor de un millón de personas (si tomamos en cuenta la operación de regularización del año 2000, que está terminándose), lo que equivale al 2,5% de la población total (frente al 4% de la Unión Europea). Así pues, España está muy por debajo de la media de la Unión Europea. Las solicitudes de asilo, tras alcanzar un pico entre 1992 y 1995, se han estabilizado en unas 5.000 anuales (el 96% de dichas solicitudes es rechazado). Es verdad que la última operación de regularización ha permitido medir a una parte de la inmigración ilegal: 245.000 solicitudes han sido cursadas y 150.000 aceptadas. Pero muchos de estos extranjeros ya habían sido titulares de un permiso de trabajo. Por lo tanto, estas personas no son nuevos emigrantes, sino extranjeros reintroducidos en las estadísticas nacionales por la regularización.
Más significativo todavía: resulta imposible decir cuál sería la importancia de la inmigración en un contexto de fronteras abiertas. Sólo la observación de lo que ha ocurrido en países con gran experiencia en inmigración, como Francia, permite formular hipótesis. La apertura de las fronteras a la emigración laboral parece influir más en la forma que toman las migraciones que en su importancia cuantitativa. Antes de 1975, las migraciones hacia Francia eran a menudo migraciones de alternancia en las que los miembros de una misma familia se relevaban en el país de acogida. Esta movilidad se detuvo con el cierre de la fronteras a la emigración laboral. A partir de esa época, se desarrolló la emigración familiar (por definición, dirigida a instalarse de forma definitiva en el país de acogida). Así pues, a juzgar por estos ejemplos, sólo se puede afirmar que la apertura de las fronteras engendra la rotación probable de los flujos migratorios, mientras que el cierre provoca seguramente el agrupamiento familiar. Éste se produciría al cuadrado, es decir, que sería proporcional al número de solicitantes legalmente establecidos. Por tanto estaría controlado.
Samir Naïr es eurodiputado y profesor invitado de la Universidad Carlos III
Levantemos (más) el Levante
Un informe de Fedea atribuye a la inmigración el 60% del incremento medio del PIB valenciano entre 2000 y 2006. Así, esa comunidad rebasa la aportación que el colectivo de trabajadores extranjeros supone en el conjunto del país en el mismo periodo, que según el mismo informe supera el 38%. Ya otro estudio de la Oficina Económica de Moncloa cifraba esta contribución de la comunidad inmigrante a la creación de riqueza española en el 50%.
Pero hay dos detalles si cabe más positivos en el dato. Uno, que la renta per cápita de la Comunidad Valenciana no descendió durante ese proceso y otro, que el alza del PIB se basó fundamentalmente en la generación de puestos de trabajo. Ahora, el arco mediterráneo se adentra en un periodo económicamente más adverso y ya preocupa en algunos foros la acumulación de stocks de viviendas sin vender. La construcción pasa una mala racha en la zona y el colectivo inmigrante deberá emprender un trasvase hacia el sector servicios. En ese sentido apuntan las previsiones del Gobierno y los analistas. Algunos dicen que no es una reconversión fácil, pues los trabajadores de la construcción necesitan un periodo de aprendizaje para adaptarse a las tareas propias de la hostelería y servicios relacionados.
En cualquier caso, el Levante español ofrece grandes posibilidades en este aspecto, siendo el turístico uno de sus pilares básicos. Los datos hablan solos: la aportación de los inmigrantes a la Comunidad Valenciana no ha sido simbólica, ni mucho menos. Es responsable de casi dos tercios de la riqueza -llamémosla PIB- valenciana. Merece la pena establecer los mecanismos para que los desempleados de la construcción se reenganchen en la hostelería y servicios accesorios, donde ya gran parte de ellos vienen desarrollando su labor; merece la pena aguardar a que su proceso de adaptación se materialice y, cómo no, incentivar que puedan llevar a cabo sus propios proyectos. Que las crisis no paren los trenes. Habrá luz al final del túnel. Y los inmigrantes son una locomotora del crecimiento.
En cualquier caso, el Levante español ofrece grandes posibilidades en este aspecto, siendo el turístico uno de sus pilares básicos. Los datos hablan solos: la aportación de los inmigrantes a la Comunidad Valenciana no ha sido simbólica, ni mucho menos. Es responsable de casi dos tercios de la riqueza -llamémosla PIB- valenciana. Merece la pena establecer los mecanismos para que los desempleados de la construcción se reenganchen en la hostelería y servicios accesorios, donde ya gran parte de ellos vienen desarrollando su labor; merece la pena aguardar a que su proceso de adaptación se materialice y, cómo no, incentivar que puedan llevar a cabo sus propios proyectos. Que las crisis no paren los trenes. Habrá luz al final del túnel. Y los inmigrantes son una locomotora del crecimiento.
Milagro en Quito
Sólo sucederá una vez —como la entrada del euro—, pero la llegada de inmigrantes dispuestos a trabajar ha sido la clave del milagro económico español que comenzó en los años 90 y que todavía disfrutamos. En poco más de dos lustros, España ha sido capaz de integrar a casi cuatro millones de inmigrantes, que han realizado una adaptación modélica si la comparamos con realidades como la francesa, la alemana o la británica, auténticos polvorines de la no integración.
El cambio demográfico provocado por la llegada, adecuada en número, de inmigrantes ha hecho posible que se haya eludido una recesión a la que estábamos abocados y que, en apenas 10 años, las tasas de paro se hayan reducido en muchas comunidades a niveles que rozan el pleno empleo. La contribución de la inmigración a la generación de riqueza ha venido en buena parte de la mano de obra, pero también de un aumento del consumo, incluido de vivienda, otro de los motores.
Desde 1996, se han creado siete millones de empleos, de los cuales uno de cada tres ha sido ocupado por un inmigrante. Con tasas de actividad del 75%, frente al 55% de los españoles, seguirán tirando del mercado laboral.
Los inmigrantes con piso propio caen a la mitad
Si la entrada de inmigrantes -a razón de 600.000 anuales- ha servido para reactivar la economía y, entre otras muchas cosas, para garantizar las futuras pensiones, también ha provocado una precarización de la mayoría de los indicadores laborales, sociales y económicos que les afectan y una caída de las medias.Si bien han logrado impulsar el consumo, gracias en buena medida a la compra de vivienda, se puede constatar un freno de las posibilidades de compra de los nuevos inmigrantes y una caída espectacular de los extranjeros extracomunitarios con vivienda en propiedad en los últimos años.
Según los datos que recoge un estudio del Colectivo IOÉ sobre inmigración y vivienda, el 25,7% de los inmigrantes eran propietarios de su vivienda en 2001 frente apenas el 13% que lo eran en 2005.La afluencia masiva de los inmigrantes durante el primer quinquenio del siglo XXI ha favorecido fundamentalmente a los alquileres, una opción a la que recurría el 69% de los extranjeros en 2001 y el 77%, en 2005. La compra de vivienda para los inmigrantes es una opción a medio plazo. Apenas un 3% es capaz de comprarse un piso en los dos primeros años de estancia en España y, fundamentalmente, acude al subarriendo.
Otra de las consecuencias de la entrada masiva de inmigrantes no directamente vinculada a la oferta de empleo, tal y como reclaman empresarios y sindicatos, es la presión a la baja de los salarios reales. El Gobierno, reconoció recientemente, a través de Miguel Sebastián, ex asesor económico de La Moncloa y ahora candidato a la Alcaldía de Madrid, que los inmigrantes reciben sueldos un 30% inferiores a los españoles. Pero las distancias salariales no se dan sólo entre extranjeros y nacionales y se producen entre los propios inmigrantes, dependiendo de su situación. Los sin papeles, establecidos en la economía sumergida, cobran un 30% menos según Comisiones Obreras.
Las diferencias salariales de los inmigrantes regularizados con los españoles oscilan entre el 7% y el 16%, según el sindicato.En cuanto a la cualificación, según se desprende de un informe de Adecco, se constata que ha caído espectacularmente en apenas tres años, cuando un 27% de los inmigrantes vinculados a la ETT eran universitarios. Ahora apenas llegan al 9%.
La concentración de una buena parte de los nuevos trabajadores en sectores de bajo valor añadido ha provocado también un freno en la productividad, que en el mejor de los casos crecerá un 1% este año, y gran parte de los empleados tiene una vinculación laboral de carácter temporal. El aumento de la población - cuatro millones más desde 2001- ha provocado que la renta per cápita no haya progresado hasta los niveles idóneos y que en el último año haya iniciado una tendencia descendente.
Enrique Morales, en La Gaceta de los Negocios
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