Hace poco más de un año, el peruano Raúl F. llegó a Madrid desde La Paz (Bolivia). Su mujer, residente legal en España desde 2004, buscó desesperadamente una oferta de trabajo, por la vía legal, que le permitiese venir a España y estar presente en el nacimiento de su hijo. No lo consiguió. Como segunda opción, acudió al mercado negro para comprar un contrato. Lo hizo en cuatro ocasiones y en todas la estafaron. Perdió casi 18.000 euros.
Finalmente, Raúl optó por la vía boliviana, que le permitía entrar en España mediante un visado. Viajó desde Lima a La Paz y allí compró documentos que le identifican como ciudadano boliviano. En Bolivia permaneció seis meses empapándose de la cultura local. En Barajas, la aventura de nuestro protagonista estuvo a punto de frustrarse. Un guardia civil no identificó sus rasgos —alto y con tez blanca— con los de un boliviano. Tras un interrogatorio, en el que fue preciso incluso cantar el himno boliviano, Raúl pudo pisar suelo español.
Ahora trabaja esporádicamente haciendo chapuzas y dos veces por semana como animador en restaurantes y discotecas latinas. No tiene contrato de trabajo, como le sucede a dos de cada diez trabajadores extranjeros por cuenta ajena que hay en España, en torno a 600.000. Esta cifra ya supera a la de los inmigrantes que se regularizaron en 2005 —577.000—, en un proceso en el que era necesario un certificado de empadronamiento anterior a agosto de 2004, el de penales y un precontrato de trabajo de al menos seis meses de duración como norma general.
Aquella regularización, criticada por una parte de Europa y por el Partido Popular (PP), y respaldada por los agentes sociales, por las asociaciones de inmigrantes y por la mayoría del arco parlamentario, contribuyó a aflorar mucha economía sumergida, pues se basó en la presentación de un vínculo laboral, un contrato de trabajo. En 2006, las cotizaciones a la Seguridad Social de los inmigrantes recién regularizados supusieron más de mil millones de euros. Sin embargo, en torno a 120.000 solicitudes de inmigrantes en situación irregular fueron denegadas o archivadas, por la ausencia de algunas de las condiciones, y quedaron en una situación de ilegalidad en España. Desde esa fecha, se han producido nuevas entradas de ilegales y muchos empresarios mantuvieron a sus trabajadores en la irregularidad, lo que devuelve una situación mucho más grave que la de hace tres años.
Alrededor de la inmigración se ha dibujado un mercado de trabajo precario, con altas tasas de temporalidad, empleado en sectores poco productivos y con escasos salarios pese a que buena parte de los inmigrantes tiene elevada cualificación y muchas veces en la economía sumergida, que en España equivale al 26% del PIB. Según un informe del Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales de la UNED y la Fundación Sistema, vinculada al Partido Socialista y dirigido por el catedrático de Sociología y ex dirigente socialista José Félix Tezanos, el 22% de los trabajadores inmigrantes carece de permiso de trabajo y un porcentaje ligeramente inferior no tiene contrato de trabajo. Las mujeres son las más perjudicadas por esta situación de precariedad.
El estudio, basado en una encuesta a unos 2.300 trabajadores extranjeros y financiado por la Secretaria de Estado de Seguridad Social, revela que cas un millón de trabajadores inmigrantes por cuenta ajena —de poco más de tres millones— tiene vínculos laborales fuera de la legalidad. Quedan fuera de esta abultada cifra sectores de economía sumergida o no legal, no objeto de la encuesta, centrada en la población activa, como las actividades irregulares, la venta callejera y la prostitución, por ejemplo.La estabilidad laboral se consigue con dificultad y con tiempo, pero sólo el 27% tiene un contrato fijo y más de un tercio realiza jornadas de más de nueve horas diarias, subiendo espectacularmente la proporción en agricultura, construcción y transporte. El trabajo de Tezanos, titulado Las Condiciones Laborales de los Trabajadores Inmigrantes en España, evidencia también que la entrada en España de la mayor parte de los inmigrantes se ha producido sin permiso de trabajo. Así, tres de cada cuatro aseguraron que no lo tenían a su llegada a nuestro país.La picaresca empresarial —responsable, en parte, de estas situaciones— queda clara con la afirmación de la mayoría de los encuestados de que resulta más fácil y rápido encontrar un empleo sin papeles que con todos los permisos en regla.
Es evidente que la situación obliga a tomar nuevas medidas. Las circunstancias son casi las mismas que encontró el Gobierno en 2004, recién ganadas las elecciones, y que se transformaron en la regularización de 2005. Sin embargo, no se ha manifestado claramente en campaña y, de momento, empresarios y sindicatos son partidarios de dejar ese asunto al margen y regular las entradas a través del contingente y las demandas.
Enrique Morales e Isabel Acosta en La Gaceta de los Negocios
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