Colombia dio a conocer la audaz operación militar en la que rescató sana y salva a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres estadounidenses, así como a 11 efectivos de las Fuerzas Armadas y que dejó en evidencia el engaño que sufrieron las FARC.
Los militares que participaron en el rescate se presentaron ante los guerrilleros como extranjeros y periodistas, y entre ellos había una mujer que se hizo pasar por enfermera, según ha revelado el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, al presentar el vídeo de la operación.
El respuesta del Gobierno colombiano se conoció horas después de que una radio suiza citara a una fuente anónima diciendo que la liberación fue el resultado de un millonario pago a algunos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para que entregaran a los rehenes.
"Hicimos creer a los secuestradores que era una comisión internacional", resaltó Santos, quien destacó los papeles de "verdaderos actores" que hicieron los miembros de la inteligencia del Ejército.
Fueron "seleccionados" y "preparados" incluso con asesoramiento psicológico "y entrenados para que cada uno desempeñara su papel", según los generales Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Militares, y Mario Montoya, jefe del Ejército.
Una vez fueron dominados y atados los dos rebeldes, el verdadero comandante de la operación grita que los supuestos extranjeros, así como el 'periodista' y el 'cámara' son en realidad miembros del Ejército Nacional y, al dirigirse a los secuestrados les dice: "¡Ustedes quedan ahora libres!".
Santos y los jefes militares destacaron que si bien sus tropas reciben asistencia de EEUU e Israel, la 'Operación Jaque' fue "100% colombiana".
Una imagen vale más que mil palabras. La liberación de Ingrid Betancourt y de otros 14 secuestrados por las FARC
Diez razones que explican el fracaso del alquiler en España
Es un tema que importa a los inmigrantes recién llegados a España, que buscan una casa para alquiler. Aquí, determinadas circunstancias, lo hacen difícil y caro. Os envío parte de una información que aparece en el diario LA GACETA con diez razones que es explican esta situación. Esta elaborado por Enrique Morales y Carmen Porras.
1. La falta de calidad desincentiva a los inquilinos
Ocho de cada diez inmuebles en alquiler son de propiedad privada y una característica común de la mayoría de ellos es la falta de calidad que ofrecen, sobre todo con respecto al precio. Según el INE, medio millón de viviendas vacías —dos de cada diez— se encuentran en un estado ruinoso y el 52% de éstas —1,6 millones—, se han construido entre 1900 y 1960. La calidad de las viviendas para arrendar no responde a la demanda real de los usuarios, lo que contribuye a un desajuste entre oferta y demanda que finalmente empuja a la compra.
2. Fiscalidad: Las políticas públicas, dirigidas a la compra
Las políticas públicas en materia de vivienda se han dirigido básicamente a la compra, en un mercado de por sí predispuesto a esa opción. La ayuda oficial para la adquisición de un inmueble, que puede alcanzar el 15% de su precio final, y unos tipos de interés al 3% dieron la puntilla definitiva al alquiler. Sin embargo, la desaceleración económica ha propiciado un nuevo escenario, en el que el arrendamiento no es descartado por los que se quieren emancipar, que también han visto en la renta de 210 euros, una ayuda a considerar.
3. Las nuevas ayudas propician la picaresca
jóvenes, de entre 22 y 30 años, que decidan emanciparse ha sido
bien recibida, pero también ha propiciado la picaresca en el mercado de alquiler. Los arrendadores proponen sin rubor un reparto de las ayudas y buscan, fundamentalmente, el perfil de menor de 30 años para alquilar su casa. En muchos casos se discrimina, con diferentes excusas a los mayores de esa edad.Las experiencias pasadas, en la línea de conceder ayudas directas a inquilinos han propiciado un aumento de los precios de los alquileres.
4. El tamaño no encaja con la demanda habitual
La oferta de vivienda en alquiler en España tiene poco que ver con la demanda y la tendencia de formación de nuevos hogares, impulsada por la inmigración, la emancipación de jóvenes y los divorcios y las separaciones. El 20% de los contratos de alquiler corresponde a viviendas de renta antigua, de gran tamaño. El 97% tienen más de tres habitaciones. Apenas un 23% de las viviendas en alquiler tienen entre uno y dos dormitorios, mientras 440.000 tienen más de cuatro dormitorios. Demasiado tamaño para los nuevos demandantes.
5. Una mentalidad predispuesta a la adquisición
La unión de factores económicos, fiscales, de rentabilidad y culturales ha contribuido a que en España exista una mentalidad proclive a la compra en lugar de al alquiler. Sin embargo, sigue siendo más barato alquilar —470 euros de media— que comprar: la hipoteca media se sitúa en más de 800 euros. Para comprar una vivienda de 231.000 euros (38 millones de las antiguas pesetas) es necesario suscribir una hipoteca a 30 años que implica pagos mensuales de 1.000 euros. Al final, el comprador acaba pagando casi el doble de lo que costó.
6. La falta de garantías, la queja más común
La consecución de un equilibrio entre los derechos del propietario de la vivienda y el inquilino es uno de los principales frenos al alquiler de viviendas. El primero exige unas condiciones mínimas de habitabilidad, el segundo teme por el deterioro de su propiedad y, sobre todo, por los impagos. La falta de una profesionalización de este mercado en España favorece esta desconfianza mutua entre las partes. Las diferentes administraciones han mostrado su voluntad de mejorar esta situación con la creación de entidades que actúen como intermediarias.
7. El mercado profesional, la asignatura pendiente
Sólo ocho de cada cien inmuebles que se alquilan en España están gestionados por profesionales, un porcentaje que se triplica en Reino Unido y Francia y que alcanza el 51% en Alemania. En los últimos años se ha avanzado mucho en materia fiscal y legislativa para potenciar este mercado, fundamentalmente en lo referente a fondos de inversión y a sociedades de arrendamiento. Su mayor desarrollo puede propiciar un incremento de la oferta, pero sobre todo contribuirá a que exista un aumento de la calidad y de las garantías del arrendatario.
8. El alquiler social,una opción compleja de gestionar
La vivienda social en alquiler apenas alcanza el 1% en España, frente a un porcentaje medio del 18% en Europa. Las competencias de vivienda están en manos de las comunidades desde 1978, que han priorizado las VPO y las VPP en detrimento del alquiler social. El escaso interés de las administraciones públicas por fomentar esta opción se explica por los problemas de gestión que genera, el fiasco de algunas experiencias con agentes sociales, la baja rentabilidad y la ausencia de empresas dedicadas íntegramente o mayoritariamente a este segmento.
9. La falta de movilidad laboral frena esta opción
Sólo el 15% de los trabajadores españoles de todas las edades, cuenta con alguna experiencia laboral fuera de su región o país. Mientras, ocho de cada diez parados se niegan a cambiar de residencia para aceptar ofertas de trabajo. Las dificultades para alquilar, consecuencia de la falta de garantías y la escasa calidad de los inmuebles, son la excusa más frecuente para no desplazarse en ambos casos. Los españoles son los europeos que menos se mueven. La movilidad geográfica en Estados Unidos alcanza el 6%; y en Europa, llega al 1,5%.
10. Opacidad: mucho fraude y falta de estadísticas fiables
Más de la mitad de los 1.900.000 alquileres que hay en España escapa del control del fisco, según denuncian los Técnicos de Economía y Hacienda, que cruzan los datos del INE con los de la declaración de la Renta. Seis comunidades, Madrid, Cataluña, Andalucía, Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana, concentran ocho de cada diez alquileres de la economía sumergida. El fraude podría rondar los 1.800 millones de euros anuales. Además, faltan estadísticas fiables que permitan dinamizar el mercado y elaborar políticas adecuadas.
Cinco ideas falsas: La riqueza de España provoca un 'efecto de llamada' en los países pobres (4)
La riqueza de España provoca un 'efecto de llamada' en los países pobres. No es tanto el desarrollo de España como la importancia de su sector informal lo que provoca este efecto, aunque exista realmente. Evitar la complejidad de los trámites administrativos, esquivar un eventual rechazo, saber que se puede, con toda seguridad, encontrar un trabajo aunque sea con unas condiciones espantosas, éste es el efecto de llamada más poderoso que pueda existir. Al final de todo ello está la esperanza de integrarse en la sociedad española en unas condiciones mejores, o sencillamente ganar el dinero suficiente para regresar a su país al final de su estancia.
Existen pocos datos a este respecto, pero a comienzos de los años noventa se calculaba que dos tercios de los inmigrantes procedentes del Tercer Mundo trabajaban en la economía sumergida. El sector informal alimenta la clandestinidad, los fantasmas sobre la inmigración y, al final de la cadena, fomenta el racismo. Para aclarar la relación de la sociedad española con la inmigración es necesario que España acepte luchar contra su propia economía informal, aunque sólo sea para no quebrantar el derecho de gentes. También resulta evidente que este sector entra en profunda contradicción con el resto de la economía legal española y con el resto de las normas europeas: esta forma de empleo se asemeja a la competencia desleal.
Existen pocos datos a este respecto, pero a comienzos de los años noventa se calculaba que dos tercios de los inmigrantes procedentes del Tercer Mundo trabajaban en la economía sumergida. El sector informal alimenta la clandestinidad, los fantasmas sobre la inmigración y, al final de la cadena, fomenta el racismo. Para aclarar la relación de la sociedad española con la inmigración es necesario que España acepte luchar contra su propia economía informal, aunque sólo sea para no quebrantar el derecho de gentes. También resulta evidente que este sector entra en profunda contradicción con el resto de la economía legal española y con el resto de las normas europeas: esta forma de empleo se asemeja a la competencia desleal.
Samir Naïr es eurodiputado y profesor invitado de la Universidad Carlos III
Cinco ideas falsas: Los inmigrantes se benefician indebidamente de las leyes sociales (3)
Los inmigrantes se benefician indebidamente de las leyes sociales favorables. No hay nada más falso. Los inmigrantes que trabajan legalmente en España cotizan a los sistemas de Seguridad Social y de pensiones. El hecho de que perciban los derechos vinculados a estas cotizaciones es simplemente de justicia, ¡al menos si se acepta la idea de que España es un Estado de derecho que rechaza la esclavitud!
Por otro lado, resulta evidente que su contribución al sistema de pensiones favorece ante todo a los españoles y supone una ayuda decisiva para el mantenimiento de las mismas. Aquí, la aportación de los inmigrantes es un beneficio absoluto para España. En efecto, la contribución de las nuevas generaciones a la jubilación de las anteriores se ve compensada por el hecho de que estas últimas han cotizado para la formación, la educación y el nivel de vida de las jóvenes generaciones. Pero los inmigrantes vienen del extranjero, ya son adultos y el coste de su educación ha sido soportado enteramente por su país de origen, por muy pobre que sea. Representan, por lo tanto, un beneficio neto para el contribuyente español y una pérdida completa para el país de origen.
No es casualidad que el debate actual sobre la jubilación en Europa también gire alrededor de la cuestión de saber si hay que 'importar' o no trabajadores extranjeros para cubrir la tendencia a la baja del crecimiento demográfico y, de esta manera, mantener un ni
vel de vida decente de cara a la jubilación. Lo que es muy probable es que Europa necesite hacer venir a decenas de millones de trabajadores jóvenes para hacer frente a este desafío. Ningún responsable político serio se atreverá a creer que en Europa los fondos privados de pensiones y el ahorro salarial pueden sustituir, de forma significativa, a la jubilación por reparto.
Por último, es cierto que los inmigrantes que trabajan en la clandestinidad no cotizan, pero tampoco disfrutan de protección social. No están en modo alguno a cargo de la sociedad, lo que, por otro lado, es un insulto para el respeto mínimo de los derechos humanos. Conocemos la situación dramática de los trabajadores clandestinos del sur de España: les es casi imposible disponer de un techo, y en cuanto a solicitar tratamiento, se arriesgan a ser expulsados. Ni siquiera se benefician del derecho de 'asistencia a la persona en peligro'. Es una situación escandalosa. El que los inmigrantes sobreexplotados y mantenidos conscientemente en la ilegalidad ni siquiera tengan el derecho a manifestarse, a hacer huelga, sitúa a España, con su Ley de Extranjería, muy por detrás de los demás países europeos en materia del respeto de los derechos.
Por otro lado, resulta evidente que su contribución al sistema de pensiones favorece ante todo a los españoles y supone una ayuda decisiva para el mantenimiento de las mismas. Aquí, la aportación de los inmigrantes es un beneficio absoluto para España. En efecto, la contribución de las nuevas generaciones a la jubilación de las anteriores se ve compensada por el hecho de que estas últimas han cotizado para la formación, la educación y el nivel de vida de las jóvenes generaciones. Pero los inmigrantes vienen del extranjero, ya son adultos y el coste de su educación ha sido soportado enteramente por su país de origen, por muy pobre que sea. Representan, por lo tanto, un beneficio neto para el contribuyente español y una pérdida completa para el país de origen.
No es casualidad que el debate actual sobre la jubilación en Europa también gire alrededor de la cuestión de saber si hay que 'importar' o no trabajadores extranjeros para cubrir la tendencia a la baja del crecimiento demográfico y, de esta manera, mantener un ni
vel de vida decente de cara a la jubilación. Lo que es muy probable es que Europa necesite hacer venir a decenas de millones de trabajadores jóvenes para hacer frente a este desafío. Ningún responsable político serio se atreverá a creer que en Europa los fondos privados de pensiones y el ahorro salarial pueden sustituir, de forma significativa, a la jubilación por reparto.
Por último, es cierto que los inmigrantes que trabajan en la clandestinidad no cotizan, pero tampoco disfrutan de protección social. No están en modo alguno a cargo de la sociedad, lo que, por otro lado, es un insulto para el respeto mínimo de los derechos humanos. Conocemos la situación dramática de los trabajadores clandestinos del sur de España: les es casi imposible disponer de un techo, y en cuanto a solicitar tratamiento, se arriesgan a ser expulsados. Ni siquiera se benefician del derecho de 'asistencia a la persona en peligro'. Es una situación escandalosa. El que los inmigrantes sobreexplotados y mantenidos conscientemente en la ilegalidad ni siquiera tengan el derecho a manifestarse, a hacer huelga, sitúa a España, con su Ley de Extranjería, muy por detrás de los demás países europeos en materia del respeto de los derechos.
Samir Naïr es eurodiputado y profesor invitado de la Universidad Carlos III
Más discriminación, según SOS Racismo
Por decimosegundo año consecutivo, el objetivo del Informe Anual de SOS Racismo es medir la temperatura del racismo en el Estado español y ofrecer una visión lo más completa posible de las múltiples dimensiones que componen el fenómeno.
Los acontecimientos de este último año han demostrado una vez más como la política del Estado español ha fomentado la discriminación y el miedo a lo “diferente”, produciendo un deterioro democrático y una violación – en algunos casos sistemática – de los derechos y libertades fundamentales. Como desde más de veinte años, el objetivo principal de las políticas migratorias tanto de la Unión Europea como del Estado español, fue el de detener los flujos migratorios procedentes de los países que no pertenecen a la Unión, al precio que fuera necesario pagar. Si el objetivo final no ha cambiado, sí han cambiado las estrategias.
Se ha pasado de una etapa de blindaje de las fronteras exteriores para impedir entrar a los inmigrantes procedentes de los países africanos, a una nueva etapa cuyo objetivo es todavía más atrevido políticamente, más cuestionable jurídicamente y más condenable éticamente: impedir salir a las personas del continente africano, de sus propios países. Este es el objetivo de la estrategia de externalización de las fronteras de la Unión Europea.
Cuando no es posible repatriar a los inmigrantes que atraviesan o llegan a nuestras fronteras, se han comenzado a poner en práctica medidas para exportarlos a otros países –al igual que se hace con los desechos contaminantes o peligrosos – bajo fórmulas distintas como la externalización de los campos de internamiento o los tratados de admisión de los no-nacionales. Lejos de la frontera UE, los inmigrantes procedentes de África se encuentran en condición de mayor desprotección, dejados en las manos de Estados que no respetan los Derechos Humanos. Mayor es la impunidad de los Estados europeos, que no se responsabilizan de la vulneración de Derechos Humanos que conlleva la política migratoria europea. Y mayor es la impotencia de las asociaciones de defensa de los Derechos Humanos para denunciar estas violaciones.
Las 6.000 muertes reconocidas en las costas canarias y africanas – cifra muy inferior a la de fallecimientos reales – representan la punta del iceberg, la faceta más indignante de una realidad, la “exclusión de la diversidad”, que asume formas distintas y variadas, dificultando la comprensión de sus causas comunes.
Otro año más, desde SOS Racismo hacemos un llamamiento a todos los actores de la sociedad para que la plena igualdad de derechos y de oportunidades de todas las personas que viven dentro de los confines de Estado se convierta en realidad cuanto antes. Sin la implicación de todos y todas, la lucha contra el racismo no podrá ser exitosa.
Los acontecimientos de este último año han demostrado una vez más como la política del Estado español ha fomentado la discriminación y el miedo a lo “diferente”, produciendo un deterioro democrático y una violación – en algunos casos sistemática – de los derechos y libertades fundamentales. Como desde más de veinte años, el objetivo principal de las políticas migratorias tanto de la Unión Europea como del Estado español, fue el de detener los flujos migratorios procedentes de los países que no pertenecen a la Unión, al precio que fuera necesario pagar. Si el objetivo final no ha cambiado, sí han cambiado las estrategias.
Se ha pasado de una etapa de blindaje de las fronteras exteriores para impedir entrar a los inmigrantes procedentes de los países africanos, a una nueva etapa cuyo objetivo es todavía más atrevido políticamente, más cuestionable jurídicamente y más condenable éticamente: impedir salir a las personas del continente africano, de sus propios países. Este es el objetivo de la estrategia de externalización de las fronteras de la Unión Europea.
Cuando no es posible repatriar a los inmigrantes que atraviesan o llegan a nuestras fronteras, se han comenzado a poner en práctica medidas para exportarlos a otros países –al igual que se hace con los desechos contaminantes o peligrosos – bajo fórmulas distintas como la externalización de los campos de internamiento o los tratados de admisión de los no-nacionales. Lejos de la frontera UE, los inmigrantes procedentes de África se encuentran en condición de mayor desprotección, dejados en las manos de Estados que no respetan los Derechos Humanos. Mayor es la impunidad de los Estados europeos, que no se responsabilizan de la vulneración de Derechos Humanos que conlleva la política migratoria europea. Y mayor es la impotencia de las asociaciones de defensa de los Derechos Humanos para denunciar estas violaciones.
Las 6.000 muertes reconocidas en las costas canarias y africanas – cifra muy inferior a la de fallecimientos reales – representan la punta del iceberg, la faceta más indignante de una realidad, la “exclusión de la diversidad”, que asume formas distintas y variadas, dificultando la comprensión de sus causas comunes.
Otro año más, desde SOS Racismo hacemos un llamamiento a todos los actores de la sociedad para que la plena igualdad de derechos y de oportunidades de todas las personas que viven dentro de los confines de Estado se convierta en realidad cuanto antes. Sin la implicación de todos y todas, la lucha contra el racismo no podrá ser exitosa.
Informe Anual 2007 sobre el racismo en el Estado español
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español
Siete de cada diez extranjeros que vienen a España se quedan para siempre
El 70% de los inmigrantes que viene a España se queda de forma definitiva, y las previsiones para el año 2025 es que en nuestro país se asienten más de 8 millones de nuevos residentes, según el II Anuario de la Comunicación del Inmigrante en España. Además, el anuario destaca que el 9,9% de las personas que viven en nuestro país es extranjera, por encima de naciones como Francia (9,6%), Alemania (8,9%) o Reino Unido (8,1%). “España se ha convertido en el país más multiétnico de la Unión Europea, ya que es el primer receptor de inmigrantes del mundo, sólo por detrás de Estados Unidos”, recalcó la directora de Etnia Comunicación, Ana Calderón, citando datos de un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Del mismo modo, el anuario subraya que las previsiones para el año 2025 es que en España se asienten más de 8 millones de nuevos residentes y agrega que un factor determinante para la integración es la posibilidad de adquirir una vivienda en propiedad. En la actualidad, un 15% de los inmigrantes que viven en España tienen vivienda propia. Además, el informe señala que las uniones mixtas entre un cónyuge extranjero y un español son cada vez más frecuentes. Tan sólo el año pasado se produjeron cerca de 34.000 uniones de este tipo, dato que representa un 16% del total de parejas, mientras que en el 2002 éstas suponían un 8,5% de la totalidad.
Por nacionalidades, el mayor número de extranjeros es marroquí (12,8%), seguido de rumanos (11,7), ecuatorianos (9,4%) y británicos (7%). Del mismo modo, las comunidades que más extranjeros acogen son, por este orden: Cataluña (22%), Madrid (19%), Comunidad Valenciana (16%) y Andalucía (12%). Finalmente, el estudio subraya que el 75% de los inmigrantes trabajadores ocupa puestos no cualificados o de operarios vinculados a sectores manufactureros, industriales o del sector servicios.
Del mismo modo, el anuario subraya que las previsiones para el año 2025 es que en España se asienten más de 8 millones de nuevos residentes y agrega que un factor determinante para la integración es la posibilidad de adquirir una vivienda en propiedad. En la actualidad, un 15% de los inmigrantes que viven en España tienen vivienda propia. Además, el informe señala que las uniones mixtas entre un cónyuge extranjero y un español son cada vez más frecuentes. Tan sólo el año pasado se produjeron cerca de 34.000 uniones de este tipo, dato que representa un 16% del total de parejas, mientras que en el 2002 éstas suponían un 8,5% de la totalidad.
Por nacionalidades, el mayor número de extranjeros es marroquí (12,8%), seguido de rumanos (11,7), ecuatorianos (9,4%) y británicos (7%). Del mismo modo, las comunidades que más extranjeros acogen son, por este orden: Cataluña (22%), Madrid (19%), Comunidad Valenciana (16%) y Andalucía (12%). Finalmente, el estudio subraya que el 75% de los inmigrantes trabajadores ocupa puestos no cualificados o de operarios vinculados a sectores manufactureros, industriales o del sector servicios.
Visto en huy.es
Ya hay más inmigrantes sin contrato que los legalizados en 2005 ¿Cabe otra regularización?
Hace poco más de un año, el peruano Raúl F. llegó a Madrid desde La Paz (Bolivia). Su mujer, residente legal en España desde 2004, buscó desesperadamente una oferta de trabajo, por la vía legal, que le permitiese venir a España y estar presente en el nacimiento de su hijo. No lo consiguió. Como segunda opción, acudió al mercado negro para comprar un contrato. Lo hizo en cuatro ocasiones y en todas la estafaron. Perdió casi 18.000 euros.
Finalmente, Raúl optó por la vía boliviana, que le permitía entrar en España mediante un visado. Viajó desde Lima a La Paz y allí compró documentos que le identifican como ciudadano boliviano. En Bolivia permaneció seis meses empapándose de la cultura local. En Barajas, la aventura de nuestro protagonista estuvo a punto de frustrarse. Un guardia civil no identificó sus rasgos —alto y con tez blanca— con los de un boliviano. Tras un interrogatorio, en el que fue preciso incluso cantar el himno boliviano, Raúl pudo pisar suelo español.
Ahora trabaja esporádicamente haciendo chapuzas y dos veces por semana como animador en restaurantes y discotecas latinas. No tiene contrato de trabajo, como le sucede a dos de cada diez trabajadores extranjeros por cuenta ajena que hay en España, en torno a 600.000. Esta cifra ya supera a la de los inmigrantes que se regularizaron en 2005 —577.000—, en un proceso en el que era necesario un certificado de empadronamiento anterior a agosto de 2004, el de penales y un precontrato de trabajo de al menos seis meses de duración como norma general.
Aquella regularización, criticada por una parte de Europa y por el Partido Popular (PP), y respaldada por los agentes sociales, por las asociaciones de inmigrantes y por la mayoría del arco parlamentario, contribuyó a aflorar mucha economía sumergida, pues se basó en la presentación de un vínculo laboral, un contrato de trabajo. En 2006, las cotizaciones a la Seguridad Social de los inmigrantes recién regularizados supusieron más de mil millones de euros. Sin embargo, en torno a 120.000 solicitudes de inmigrantes en situación irregular fueron denegadas o archivadas, por la ausencia de algunas de las condiciones, y quedaron en una situación de ilegalidad en España. Desde esa fecha, se han producido nuevas entradas de ilegales y muchos empresarios mantuvieron a sus trabajadores en la irregularidad, lo que devuelve una situación mucho más grave que la de hace tres años.
Alrededor de la inmigración se ha dibujado un mercado de trabajo precario, con altas tasas de temporalidad, empleado en sectores poco productivos y con escasos salarios pese a que buena parte de los inmigrantes tiene elevada cualificación y muchas veces en la economía sumergida, que en España equivale al 26% del PIB. Según un informe del Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales de la UNED y la Fundación Sistema, vinculada al Partido Socialista y dirigido por el catedrático de Sociología y ex dirigente socialista José Félix Tezanos, el 22% de los trabajadores inmigrantes carece de permiso de trabajo y un porcentaje ligeramente inferior no tiene contrato de trabajo. Las mujeres son las más perjudicadas por esta situación de precariedad.
El estudio, basado en una encuesta a unos 2.300 trabajadores extranjeros y financiado por la Secretaria de Estado de Seguridad Social, revela que cas un millón de trabajadores inmigrantes por cuenta ajena —de poco más de tres millones— tiene vínculos laborales fuera de la legalidad. Quedan fuera de esta abultada cifra sectores de economía sumergida o no legal, no objeto de la encuesta, centrada en la población activa, como las actividades irregulares, la venta callejera y la prostitución, por ejemplo.La estabilidad laboral se consigue con dificultad y con tiempo, pero sólo el 27% tiene un contrato fijo y más de un tercio realiza jornadas de más de nueve horas diarias, subiendo espectacularmente la proporción en agricultura, construcción y transporte. El trabajo de Tezanos, titulado Las Condiciones Laborales de los Trabajadores Inmigrantes en España, evidencia también que la entrada en España de la mayor parte de los inmigrantes se ha producido sin permiso de trabajo. Así, tres de cada cuatro aseguraron que no lo tenían a su llegada a nuestro país.La picaresca empresarial —responsable, en parte, de estas situaciones— queda clara con la afirmación de la mayoría de los encuestados de que resulta más fácil y rápido encontrar un empleo sin papeles que con todos los permisos en regla.
Es evidente que la situación obliga a tomar nuevas medidas. Las circunstancias son casi las mismas que encontró el Gobierno en 2004, recién ganadas las elecciones, y que se transformaron en la regularización de 2005. Sin embargo, no se ha manifestado claramente en campaña y, de momento, empresarios y sindicatos son partidarios de dejar ese asunto al margen y regular las entradas a través del contingente y las demandas.
Enrique Morales e Isabel Acosta en La Gaceta de los Negocios
Cinco ideas falsas: La inmigración entra en competencia con la mano de obra nacional (2)
La inmigración entra en competencia con la mano de obra nacional y ejerce una presión a la baja sobre los salarios. Pero basta con aplicar esta afirmación a la estructura global de los asalariados para medir su falsedad. A menudo poco cualificados, disponibles para trabajos que ya no quieren realizar los ciudadanos del país de acogida, los inmigrantes aceptan, a falta de leyes protectoras, lo que les proponen los patronos. Su situación es similar a la de las demás categorías de trabajadores precarios: mujeres, jóvenes y trabajadores no cualificados.
El salario medio de las mujeres españolas es inferior en alrededor del 30% al salario de los hombres: ¡también se las podría acusar de hacer bajar los salarios! Por otro lado, nadie se extraña del importante desfase que puede existir entre el salario de un directivo y el de un empleado o un obrero...
En realidad, el responsable del aumento de estas desigualdades y de la tendencia a la baja de los salarios es el movimiento de liberalización económica en marcha desde mediados de los años ochenta. La globalización financiera favorece un reparto de la riqueza que beneficia al capital y a los asalariados -poco numerosos- que influyen directamente en las decisiones que afectan al capital (directores generales, ejecutivos, etc.). En cambio, sin una ley protectora (fijación de un salario mínimo), sin la intervención del Estado, este reparto tiende a ser desfavorable para los asalariados en la parte baja de la escala. Por lo tanto, los inmigrantes no son en modo alguno responsables del descenso de los salarios. Al contrario, son las primeras víctimas. Porque no tienen más remedio que integrarse en una estructura de salarios de por sí muy poco igualitaria.
El salario medio de las mujeres españolas es inferior en alrededor del 30% al salario de los hombres: ¡también se las podría acusar de hacer bajar los salarios! Por otro lado, nadie se extraña del importante desfase que puede existir entre el salario de un directivo y el de un empleado o un obrero...
En realidad, el responsable del aumento de estas desigualdades y de la tendencia a la baja de los salarios es el movimiento de liberalización económica en marcha desde mediados de los años ochenta. La globalización financiera favorece un reparto de la riqueza que beneficia al capital y a los asalariados -poco numerosos- que influyen directamente en las decisiones que afectan al capital (directores generales, ejecutivos, etc.). En cambio, sin una ley protectora (fijación de un salario mínimo), sin la intervención del Estado, este reparto tiende a ser desfavorable para los asalariados en la parte baja de la escala. Por lo tanto, los inmigrantes no son en modo alguno responsables del descenso de los salarios. Al contrario, son las primeras víctimas. Porque no tienen más remedio que integrarse en una estructura de salarios de por sí muy poco igualitaria.
Samir Naïr es eurodiputado y profesor invitado de la Universidad Carlos III
Cinco ideas falsas: España está amenazada por una 'invasión' migratoria (1)
España está amenazada por una 'invasión' migratoria. Este temor se basa en un doble supuesto: el de la existencia de una ciencia capaz de medir la presión migratoria y, por lo tanto, demostrar que un determinado país sufre la amenaza de una invasión y el de la interpretación de las cifras que confirmarían esta obsesión. Sin embargo, ninguna ciencia reconocida es hoy capaz de medir la 'presión' migratoria que pudiera ejercerse sobre un determinado país rico. Las cifras de la inmigración reflejan ante todo la política migratoria del Estado de acogida.
En el caso de España, siguen estando a todas luces muy alejadas de todo aquello que pueda parecerse a una invasión: la población extranjera regularmente establecida se eleva a alrededor de un millón de personas (si tomamos en cuenta la operación de regularización del año 2000, que está terminándose), lo que equivale al 2,5% de la población total (frente al 4% de la Unión Europea). Así pues, España está muy por debajo de la media de la Unión Europea. Las solicitudes de asilo, tras alcanzar un pico entre 1992 y 1995, se han estabilizado en unas 5.000 anuales (el 96% de dichas solicitudes es rechazado). Es verdad que la última operación de regularización ha permitido medir a una parte de la inmigración ilegal: 245.000 solicitudes han sido cursadas y 150.000 aceptadas. Pero muchos de estos extranjeros ya habían sido titulares de un permiso de trabajo. Por lo tanto, estas personas no son nuevos emigrantes, sino extranjeros reintroducidos en las estadísticas nacionales por la regularización.
Más significativo todavía: resulta imposible decir cuál sería la importancia de la inmigración en un contexto de fronteras abiertas. Sólo la observación de lo que ha ocurrido en países con gran experiencia en inmigración, como Francia, permite formular hipótesis. La apertura de las fronteras a la emigración laboral parece influir más en la forma que toman las migraciones que en su importancia cuantitativa. Antes de 1975, las migraciones hacia Francia eran a menudo migraciones de alternancia en las que los miembros de una misma familia se relevaban en el país de acogida. Esta movilidad se detuvo con el cierre de la fronteras a la emigración laboral. A partir de esa época, se desarrolló la emigración familiar (por definición, dirigida a instalarse de forma definitiva en el país de acogida). Así pues, a juzgar por estos ejemplos, sólo se puede afirmar que la apertura de las fronteras engendra la rotación probable de los flujos migratorios, mientras que el cierre provoca seguramente el agrupamiento familiar. Éste se produciría al cuadrado, es decir, que sería proporcional al número de solicitantes legalmente establecidos. Por tanto estaría controlado.
Samir Naïr es eurodiputado y profesor invitado de la Universidad Carlos III
Levantemos (más) el Levante
Un informe de Fedea atribuye a la inmigración el 60% del incremento medio del PIB valenciano entre 2000 y 2006. Así, esa comunidad rebasa la aportación que el colectivo de trabajadores extranjeros supone en el conjunto del país en el mismo periodo, que según el mismo informe supera el 38%. Ya otro estudio de la Oficina Económica de Moncloa cifraba esta contribución de la comunidad inmigrante a la creación de riqueza española en el 50%.
Pero hay dos detalles si cabe más positivos en el dato. Uno, que la renta per cápita de la Comunidad Valenciana no descendió durante ese proceso y otro, que el alza del PIB se basó fundamentalmente en la generación de puestos de trabajo. Ahora, el arco mediterráneo se adentra en un periodo económicamente más adverso y ya preocupa en algunos foros la acumulación de stocks de viviendas sin vender. La construcción pasa una mala racha en la zona y el colectivo inmigrante deberá emprender un trasvase hacia el sector servicios. En ese sentido apuntan las previsiones del Gobierno y los analistas. Algunos dicen que no es una reconversión fácil, pues los trabajadores de la construcción necesitan un periodo de aprendizaje para adaptarse a las tareas propias de la hostelería y servicios relacionados.
En cualquier caso, el Levante español ofrece grandes posibilidades en este aspecto, siendo el turístico uno de sus pilares básicos. Los datos hablan solos: la aportación de los inmigrantes a la Comunidad Valenciana no ha sido simbólica, ni mucho menos. Es responsable de casi dos tercios de la riqueza -llamémosla PIB- valenciana. Merece la pena establecer los mecanismos para que los desempleados de la construcción se reenganchen en la hostelería y servicios accesorios, donde ya gran parte de ellos vienen desarrollando su labor; merece la pena aguardar a que su proceso de adaptación se materialice y, cómo no, incentivar que puedan llevar a cabo sus propios proyectos. Que las crisis no paren los trenes. Habrá luz al final del túnel. Y los inmigrantes son una locomotora del crecimiento.
En cualquier caso, el Levante español ofrece grandes posibilidades en este aspecto, siendo el turístico uno de sus pilares básicos. Los datos hablan solos: la aportación de los inmigrantes a la Comunidad Valenciana no ha sido simbólica, ni mucho menos. Es responsable de casi dos tercios de la riqueza -llamémosla PIB- valenciana. Merece la pena establecer los mecanismos para que los desempleados de la construcción se reenganchen en la hostelería y servicios accesorios, donde ya gran parte de ellos vienen desarrollando su labor; merece la pena aguardar a que su proceso de adaptación se materialice y, cómo no, incentivar que puedan llevar a cabo sus propios proyectos. Que las crisis no paren los trenes. Habrá luz al final del túnel. Y los inmigrantes son una locomotora del crecimiento.
Milagro en Quito
Sólo sucederá una vez —como la entrada del euro—, pero la llegada de inmigrantes dispuestos a trabajar ha sido la clave del milagro económico español que comenzó en los años 90 y que todavía disfrutamos. En poco más de dos lustros, España ha sido capaz de integrar a casi cuatro millones de inmigrantes, que han realizado una adaptación modélica si la comparamos con realidades como la francesa, la alemana o la británica, auténticos polvorines de la no integración.
El cambio demográfico provocado por la llegada, adecuada en número, de inmigrantes ha hecho posible que se haya eludido una recesión a la que estábamos abocados y que, en apenas 10 años, las tasas de paro se hayan reducido en muchas comunidades a niveles que rozan el pleno empleo. La contribución de la inmigración a la generación de riqueza ha venido en buena parte de la mano de obra, pero también de un aumento del consumo, incluido de vivienda, otro de los motores.
Desde 1996, se han creado siete millones de empleos, de los cuales uno de cada tres ha sido ocupado por un inmigrante. Con tasas de actividad del 75%, frente al 55% de los españoles, seguirán tirando del mercado laboral.
Los inmigrantes con piso propio caen a la mitad
Si la entrada de inmigrantes -a razón de 600.000 anuales- ha servido para reactivar la economía y, entre otras muchas cosas, para garantizar las futuras pensiones, también ha provocado una precarización de la mayoría de los indicadores laborales, sociales y económicos que les afectan y una caída de las medias.Si bien han logrado impulsar el consumo, gracias en buena medida a la compra de vivienda, se puede constatar un freno de las posibilidades de compra de los nuevos inmigrantes y una caída espectacular de los extranjeros extracomunitarios con vivienda en propiedad en los últimos años.
Según los datos que recoge un estudio del Colectivo IOÉ sobre inmigración y vivienda, el 25,7% de los inmigrantes eran propietarios de su vivienda en 2001 frente apenas el 13% que lo eran en 2005.La afluencia masiva de los inmigrantes durante el primer quinquenio del siglo XXI ha favorecido fundamentalmente a los alquileres, una opción a la que recurría el 69% de los extranjeros en 2001 y el 77%, en 2005. La compra de vivienda para los inmigrantes es una opción a medio plazo. Apenas un 3% es capaz de comprarse un piso en los dos primeros años de estancia en España y, fundamentalmente, acude al subarriendo.
Otra de las consecuencias de la entrada masiva de inmigrantes no directamente vinculada a la oferta de empleo, tal y como reclaman empresarios y sindicatos, es la presión a la baja de los salarios reales. El Gobierno, reconoció recientemente, a través de Miguel Sebastián, ex asesor económico de La Moncloa y ahora candidato a la Alcaldía de Madrid, que los inmigrantes reciben sueldos un 30% inferiores a los españoles. Pero las distancias salariales no se dan sólo entre extranjeros y nacionales y se producen entre los propios inmigrantes, dependiendo de su situación. Los sin papeles, establecidos en la economía sumergida, cobran un 30% menos según Comisiones Obreras.
Las diferencias salariales de los inmigrantes regularizados con los españoles oscilan entre el 7% y el 16%, según el sindicato.En cuanto a la cualificación, según se desprende de un informe de Adecco, se constata que ha caído espectacularmente en apenas tres años, cuando un 27% de los inmigrantes vinculados a la ETT eran universitarios. Ahora apenas llegan al 9%.
La concentración de una buena parte de los nuevos trabajadores en sectores de bajo valor añadido ha provocado también un freno en la productividad, que en el mejor de los casos crecerá un 1% este año, y gran parte de los empleados tiene una vinculación laboral de carácter temporal. El aumento de la población - cuatro millones más desde 2001- ha provocado que la renta per cápita no haya progresado hasta los niveles idóneos y que en el último año haya iniciado una tendencia descendente.
Enrique Morales, en La Gaceta de los Negocios
Dos caras de la inmigración
Constanza lleva cinco años en España y sólo hace apenas unos meses ha conseguido la nacionalidad. Desde que llegó, ha trabajado en prácticamente todas las actividades, cobrando en algunas hasta un 30% menos que los nacionales. Hace un año, gracias a su capacidad de ahorro y a un préstamo, abrió un negocio de hostelería en el centro de Madrid, que no le va mal y en el que tiene tres personas contratadas. Constanza es uno de los nuevos trabajadores autónomos, un colectivo que mantiene vivo el mercado laboral gracias a la afiliación de extranjeros.
Constanza, de Bogotá, es paisana de Caridad, que en un solo año en España se ha casado, divorciado y conseguido la nacionalidad española. Empezó a trabajar, pero sólo seis meses. Ha sido una de los primeras en perder su empleo por la desaceleración económica.Son dos episodios de la inmigración, el fenómeno más positivo para nuestra economía junto a la incorporación a la UE y la adopción del euro. Los extranjeros han generado el 50% de los empleos de los últimos cinco años, han propiciado dos millones de nuevas afiliaciones y son responsables de la mitad del crecimiento del PIB desde 2001.Cada año se nacionalizan 17.000 extranjeros y ya hay 700.000 en esta situación. Prácticamente, la totalidad cumple rigurosamente con los duros requisitos y con la excesiva burocracia, pero también hay algunos que emplean subterfugios, como los matrimonios de conveniencia.
Es un nuevo negocio, el de las bodas por papeles. Hay españoles dispuestos al intercambio por 2.000 euros, menos de lo que cuesta un permiso de trabajo en el mercado negro. Uno de cada tres matrimonios civiles que se celebran son ya entre un español/la y un extranjero/a. Curiosamente, no son las nacionalidades extranjeras mayoritarias en España las protagonistas en estos matrimonios mixtos, en los que participan en un porcentaje muy importante dominicanos/as y brasileños/as. El divorcio exprés ha facilitado este boom de matrimonios efímeros. Los que duran menos de un año se han incrementado un 330%. Son dos caras de la inmigración. Es evidente que nos debemos quedar con la imagen que representa Constanza.
El 4% de las remesas mundiales sale de España
En las calles de Lima, Tetuán, Quito o localidades más pequeñas como la dominicana Compostela de Azua -con apenas 86.000 habitantes pero con una importante colonia en España- se nota el impacto de las remesas en el nivel de vida sus habitantes. Mejores automóviles, mayor consumo en restaurantes, en tiendas y supermercados, pero también precios más elevados por el incremento de la demanda.
Las remesas se han convertido en un factor clave para el desarrollo de numerosos países y superan ya los 240.000 millones de euros anuales, según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta cantidad es equivalente a la riqueza de países como Arabia Saudí, Polonia o Noruega y prácticamente triplica la ayuda directa destinada al desarrollo de los países ricos. Es la auténtica globalización.
Sin embargo, la inversión de estos envíos no resulta del todo efectiva, sobre todo a la hora de consolidar un crecimiento sólido y razonable en los países receptores. A ello se une que los emigrados no aportan ingresos fiscales por su trabajo a los países de origen. Las remesas de los más de 150 millones de emigrados que hay en el mundo han contribuido a una reducción espectacular de los niveles de pobreza -el 80% están destinadas a la compra de ropa, alimentos o vivienda-, pero el incremento del nivel adquisitivo de las familias no aporta la suficiente mejora macroeconómica.
Hay mayor consumo, pero falta inversión e iniciativas emprendedoras.Pese a todo, en algunos países la creación de pequeñas empresas, sobre todo gracias a nuevas ideas que rompen con la dinámica de subsistencia del pequeño comercio tradicional de autoempleo, comienza a emerger. Las facilidades existen: crear una empresa en Perú supone apenas 70 euros y el papeleo se soluciona en apenas una semana. Son las naciones que saldrán beneficiadas de este contexto.Unido al impacto de las remesas más o menos positivo, se ha producido un alza de precios, que han podido amortiguar las familias receptoras de remesas, pero no toda la población. Se gana en euros o en dólares, pero se compra en pesos o soles, pero una vivienda con tres habitaciones que se compraba en el barrio de Miraflores de Lima por 15.000 euros hace cinco años hoy cuesta casi el doble.
Las monedas locales de algunos países se han apreciado de forma brutal en los últimos años, un perjuicio para la competitividad más acusado en aquellos países en los que las remesas suponen un mayor porcentaje del PIB. Es el caso de países centroamericanos como Honduras o El Salvador, con un peso de los envíos en su riqueza nacional superior al 15%, pero países como Ecuador o República Dominicana ya están expuestos a este riesgo. Son cifras que aportaba recientemente The New York Times a partir de un informe del centro de análisis Inter-America Dialogue.En España, la entrada de tres millones de inmigrantes ha contribuido, además del desarrollo económico de nuestro país, a que se disparen las remesas de inmigrantes a sus países de origen. Si el pasado año suponían en torno a 6.800 millones, el 6% del PIB español, este año superarán los 7.500 millones de euros, casi el 4% del total mundial y el equivalente a los PIB de Bolivia o Zambia.
España es el quinto país del mundo en envío de remesas, tras EEUU, Arabía Saudí, Suiza y Alemania.La regularización de 800.000 inmigrantes en 2005 ha disparado las remesas que se han visto incrementadas en más de un 60% y un 44% en países como Bolivia o Brasil, respectivamente. El efecto en la economía española de los envíos masivos es un déficit en la balanza de transferencias corrientes, que hasta hace apenas tres años se saldaba de forma positiva y que tiene un saldo negativo similar al importe de los envíos desde España.Un asunto pendiente son las altas comisiones, que oscilan entre el 3% y el 25% enviado que cobran las remesadoras, un sector con muy poca competencia a la espera de una mayor supervisión que vendrá de la Unión Europea y que pondrá bajo lupa el traspaso de fondos para actividades ilícitas.
El beneficio de las remesas se ha sobrestimado y no se han considerado determinados costes. Al ser un fenómeno relativamente nuevo, resulta necesaria una mejor gestión de los fondos para que resulten realmente positivas en el tiempo a los países receptores.
Enrique Morales, en La Gaceta de los Negocios
El Vesre peruano, te lo digo al revés
Empiezo con la lingüistica, las lenguas, jergas y dialectos que hablan en los países que nos importan. Empiezo por Perú, que me importa muchísimo y hablando del Vesre peruano, una jerga usada en la zona costa de Lima, Ica y Perú. Fundamentalmente consiste en alterar el orden de las sílabas, pero no solamente al revés, como sucede en el vesre argentino, del que ya hablaré. Pongo algunos ejemplos que he encontrado en wikipedia: ajoba por abajo cofla por flaco, jonca por cajón, lompa por pantalón, jerma por mujer, jeropa por pajero (onanista o masturbador), lleca por calle, llonja por callejón, lorcho por cholo (algo así como paleto), mica por camisa, ñoba por baño, rioba por barrio, roca por carro (automóvil), tapus por putas, telo por hote, tegen por gente, zapatillas por tías.
Canadá en el punto de mira: Falta mano de obra
Canadá recibió 429.649 inmigrantes en 2007, la mayor cifra en la historia del país, y 60.000 personas más que hace cuatro años, ante las necesidades laborales del país, informó hoy el Gobierno canadiense. Las autoridades canadienses señalaron que el creciente número de inmigrantes es necesario para responder a la demanda de trabajadores de la economía del país. "El 12% de aumento en el número de trabajadores temporales extranjeros supone la mayor parte del aumento en el conjunto de la cifra de residentes temporales y permanentes admitidos en 2007", dijo el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración canadiense. El último censo señaló que en los últimos cinco años la población canadiense aumentó en 1,6 millones de personas, de los que 1,1 millones fueron inmigrantes. Para el 2012 se calcula que la inmigración representará la totalidad del aumento de la fuerza laboral del país. La ministra de Ciudadanía e Inmigración, Diane Finley, dijo que "la escasez de trabajadores se está notando en sectores a lo largo del país. La inmigración está ayudando a responder las demandas laborales y asegurar que las industrias puedan mantenerse competitivas en la economía global".Aviso: esto es lo que hará el PP si gana
El periodista Iñaki Gabilondo, en Cuatro, hace una incisiva entrevista al candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, hablan de todo, pero a nosotros nos interesa lo que va a hacer en materia de inmigración. Me preocupa, el talante de Rajoy ha cambiado radicalmente. Asegura que hay 1.100.000 inmigrantes sin todos los papeles. ¿Acaso los ha contado? Critica la regularización de 2005, que afloró más 800.000 extranjeros irregulares y que en la mayoría de los casos ahoran trabajan con todo en regla. Pregunta Gabilondo: ¿Qué haría con los irregurales? y Rajoy se limita a decir que no regularizaría su situción. La otra opción, con la que se queda Rajoy, es la expulsión masiva.
La integración de los niños ecuatorianos
En sólo 9:34 minutos, el peridiodista ecuatoriano, Óscar Julio Imbaquingo, describe perfectamente la situación de los ecuatorianos en España en un vídeo colgado en youtube. Sin lugar a dudas, los problemas son muchos, sobre todo en la primera etapa, la del desembarco, la que están viviendo ahora la mayoría. Los niños son los más vulnerables, aunque una buena parte se integra perfectamente, sobre todo los más pequeños. Más mayores, los que ya han vivido una parte de su vida en Ecuador, tienen más difícil la adaptación. Como bien dice Imbaquingo, director del programa Ecuador en España de Radio Tentación (91.1 FM) los ecuatorianos en España son la quinta región y los inmigrantes más numerosos en España. Excelente documental. Os recomiendo estos enlances: ecuatoriano.com y ecuadorenespana.net
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